Víctima de acoso laboral exige que Senacsa cumpla disposición judicial

En 2019, la funcionaria del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Norma Beatriz Benítez denunció hechos de acoso sexual y maltrato psicológico por parte de su jefe Diego Camarasa Molinas.

Según la denuncia, Camarasa ordenó cerrar el cajón de su escritorio, bloquear su acceso a documentaciones y la apartó de manera arbitraria de su cargo de secretaria.

Los antecedentes del hecho fueron denunciados ante la presidencia del Senacsa, a cargo de José Carlos Martín Camperchioli, quien dictó la resolución Nº 698/2020 de julio del año pasado, por la cual se dispone UN medida de protección a favor de Benítez. Además, otra resolución le reasignó funciones en la oficina del Senacsa en Ybycuí.

La víctima asegura que la disposición de la presidencia de la institución, lejos de auxiliarla, la perjudicó en su condición de mujer.

En septiembre de este año, Benítez presentó una denuncia ante el Ministerio Público y el Juzgado de Paz de Quyquyho bajo la carátula “Norma Beatriz Benítez Ferreira, contra presidencia de Senacsa, sobre protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”.

La funcionaria asegura que el presidente de Senacsa no garantiza a las mujeres una ambiente laboral libre de violencia.

Afirma además que el titular del ente estatal ha incurrido en el hecho punible del desacato, teniendo en cuenta que el Juzgado de Paz de Quyquyho le impuso obligaciones que el mismo debía cumplir desde el pasado 20 de septiembre.

El juez de Mbuyapey, Carlos Penayo, ordenó al titular de Senacsa el pago de un viático por el traslado de Benítez a Ybycuí, conforme al protocolo previsto ante casos de violencia laboral con perspectiva de género.

Asimismo, dispuso la reposición de la funcionaria en su cargo, ordenando que vuelva a cumplir las mismas funciones que venía desarrollando, y ordena al Senacsa informar cada mes sobre los pagos que realiza a Benítez.

Benitez comunicó al juez Penayo el incumplimiento de las medidas impuestas.

Ante esa situación fue solicitado que los antecedentes del caso sean elevado al Ministerio Público para que la fiscalía investigue el posible hecho punible de desacato.

Benítez afirma que la Fiscalía debe investigar el hecho bajo el presupuesto de la flagrancia, señalando como agravantes la existencia de un apercibimiento previo por parte de una autoridad judicial y el hecho de que el denunciado es un funcionario público.

La funcionaria señaló que ha reiterado varias veces el pedido de comunicación del presunto hecho de desacato a la Fiscalía, y hasta la fecha no se informó al Ministerio Público.

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El pasado 28 de octubre, el Tribunal de Apelación no dio lugar al incidente de recusación planteado por el abogado Víctor Manuel Barrero, defensor del presidente de Senacsa, contra el juez Penayo Cáceres de Mbuyapey.

Apelan medida del juez de Mbuyapey

Sobre la medida dictada por el juez de Mbuyapey, el presidente de Senacsa dijo que apeló el mandato de desacato y que ayer se realizó una audiencia de sustanciación del procedimiento especial de protección, ante la jueza de Paz de Tebicuarymí e interina del Juzgado de Paz de Quyquyhó, Lucía Alejandra Steward.

Durante esa diligencia el presidente del Senacsa dijo ayer a la jueza que por instrucciones de la asesoría legal de la institución se evaluó la situación del hecho y como medida de urgencia separó al funcionario Camarasa de su cargo, trasladándolo a Caballero, mientras que la mujer fue a Ybycuí.

Con respecto a la medida judicial, el titular de Senacsa dijo que la ley no le faculta pagar a ningún funcionario que sale a cumplir funciones en un radio menor a 50 kilómetros, señalando que el traslado a Ybycuí supone un recorrido de menos de 26 kilómetros.

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Además afirmó que no se aplica el pedido de reposición en funciones, porque la víctima nunca perdió las atribuciones asignadas por la presidencia de Senacsa y fue trasladada con sus funciones de secretaria y con el mismo salario.

Finalmente, dijo estar en contra del abuso, pero agregó que como el de Benítez es un caso judicializado, es la instancia judicial la que deberá expedirse sobre la salida procesal del caso.