Los dos únicos detenidos, por el momento, en el marco de la investigación del atentado en San Bernardino, Alcides Dejesús Villasboa Peralta (42 años) y su primo, el suboficial inspector Junior Michael Peralta Díaz (32), fueron trasladados hasta Caacupé, donde comparecieron para su audiencia de imposición de medidas a cargo de la jueza penal de garantías N° 2 Blanca Báez.
La auxiliar de justicia hizo lugar el pedido del Ministerio Público, de aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva sobre los dos imputados por homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal y producción de riesgos comunes, por lo que Alcides y Junior deberán cumplir la decisión judicial en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, ubicada en el barrio Tacumbú de Asunción.
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La imputación contra los primos fue formulada este martes por los fiscales Alicia Sapriza, Federico Delfino, Marcelo Pecci y Lorenzo Lezcano, quienes tienen a su cargo el esclarecimiento del atentado en el que murieron Marcos Ignacio Rojas Mora (29), alias Marcos Capital, y Cristina Isabel Aranda Torres (29), influencer conocida como Vita Aranda.
Un capo en Central
El ataque en el que murieron Marcos Ignacio Rojas Mora (29), alias Marcos Capital, y Cristina Aranda Torres (29), quedó aclarado ocho días después. Sobre el caso, el fiscal Lorenzo Lezcano había informado durante una conferencia de prensa, “teníamos que (Marcos) era una persona que trabajaba en una empresa con sede en la capital, pero no teníamos su perfil criminal, ese fue el primer trabajo”.
Al final se constató que era miembro activo del Primer Comando da Capital (PCC) - Sintonía PY.
Rojas operaba con cocaína, crack, propulsores químicos, así como tráfico de armas cortas y largas, y municiones. A su vez redistribuía estos productos por el departamento Central y también el interior del país.
Dentro de esta misma estructura, aparece Alcides Dejesús Villasboa Peralta (42), alias Ropero.
Sobre Rojas y Villasboa, Lezcano refirió que “no eran grandes patrones, pero sí son personas que venían lucrando suficientemente con la venta de cocaína”. Pese a estas operaciones, estos no aparecían en el “radar” de la Policía ni de la Fiscalía.
Móvil del ataque
En cuanto al móvil se formuló la hipótesis de que el conflicto entre Marcos y Alcides fue por una deuda que contrajo el último con el primero, por la entrega de 18 kilos de cocaína, valuada en US$ 3.600 por kilo, es decir, que el monto impago fue de US$ 64.800. En ese sentido, Marcos pidió la intervención del Cuadro de Disciplina del PCC, lo que habría molestado a “Ropero” que decidió actuar primero y planificó el ataque con ayuda de su primo, que formaba parte del plantel de Investigaciones de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro).