En cuestión de semanas, el Ministerio Público puso en marcha un proceso de investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
Los hermanos abogados Eduardo y Gerardo González, ambos militantes del movimiento Honor Colorado, presentaron el pasado 18 de enero una denuncia penal contra Giuzzio, por supuestamente haber incurrido en enriquecimiento ilícito, la posibilidad de haber cometido tráfico de influencias o haber presentado una declaración jurada falsa.
En comunicación con medios radiales, Eduardo González había manifestado que su denuncia fue propiciada por publicaciones periodísticas sobre el patrimonio de Giuzzio y la última declaración jurada de bienes que presentó el secretario de Estado en enero de 2021.
Las publicaciones más recientes fueron realizadas por el grupo de medios propiedad del expresidente Cartes, quien lidera el movimiento al que responden los hermanos González.
En concreto, aseguraban que el patrimonio de Giuzzio se incrementó en un 810% en más de dos décadas de función pública. Además cuestionaron que el ministro haya comprado tres inmuebles por valor de G. 1.200 millones en 2020, cuando aún era titular de la Senad.
Rapidez en este caso...
Documentos a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta que la Fiscalía tuvo un actuar rápido con respecto a este proceso. Apenas un par de días después, la causa ya fue abierta y quedó asignada al fiscal Juan Ledesma, de la Unidad de Delitos Económicos.
El pasado 11 de febrero, la Fiscalía ya remitió un pedido de realización de un análisis de correspondencia a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el patrimonio del ministro Giuzzio. En cuestión de tres semanas, la causa ya se estaba moviendo.
...cajoneo en otro
Mientras en un caso se movieron rápido, en otro la actuación fue totalmente dispar. Pasaron más de cuatro meses desde que el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre Sasiain, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por el supuesto hecho de declaración jurada falsa y la causa apenas se movió.
Alegre hizo dicha presentación luego de que la filtración mundial conocida como “Pandora Papers” revelara que Cartes manejó una empresa de portafolio en Panamá durante los años de su mandato y no la incluyó en ninguna de las declaraciones juradas de bienes y rentas que entregó a la Contraloría General de la República. La denuncia fue hecha por el político liberal el 8 de octubre último.
Desde entonces, la causa de Cartes apenas se movió. De hecho recién luego de que se hablara del cajoneamiento aparecieron oficios de escuetos pedidos realizados a la CGR sobre el caso.
El pasado 21 de octubre, la fiscal María Estefanía González remitió al ente contralor un oficio por el cual solicitaba se remitan las copias de todas las declaraciones juradas presentadas por Cartes.
Los documentos se mantuvieron ocultos hasta ahora y el Ministerio Público nunca comunicó la apertura de la carpeta.
A la acusación de Alegre se sumó la denuncia realizada el 26 de enero último por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien inculpó a Cartes por lavado de dinero y otros hechos ante la Seprelad.
OFFSHORE NO DECLARADA
Cartes entregó declaraciones juradas en cuatro oportunidades cuando era jefe de Estado. Los documentos entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con ABC Color revelaron que el expresidente manejó una empresa de portafolio en Panamá durante los años de su mandato y no la mencionó en sus manifestaciones de bienes. La firma se llamaba Dominicana Acquisition y fue creada en 2011.
Tras las publicaciones, la Contraloría General de la República decidió abrir un examen de correspondencia sobre las declaraciones juradas de Cartes, pero fue a motu propio no a pedido de la Fiscalía que sí se apura en el caso contra Giuzzio.