La Cámara de Apelaciones, Tercera Sala, integrada con los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete, por Auto Interlocutorio (AI) N° 47 del 10 de marzo de 2022, declaró inadmisibles los recursos de apelación general interpuestos por los procesados contra el A.I. N° 1522 de fecha 22 de diciembre de 2021, por el cual la jueza penal de garantías N° 2, Abog. Alicia Pedrozo Berni elevó a juicio oral y público la causa caratulada “Carlos Marcelo Mancuello Ríos y otros s/ lesión de confianza y otros”, N° 10207/2019.
Los recurrentes inadmitidos
El Tribunal de Apelaciones declaró la inadmisibilidad de los recursos interpuestos por los abogados Guillermo Ferreiro Cristaldo, representante legal de Mario Aníbal Ferreiro Sanabria; María Angelina Luna Pastore, representante de Carlos Marcelo Mancuello; Cynthia Almada González, representante de Roberto Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Arturo Ferreiro Aya]a; Álvaro Arias, representante de Víctor Ramón Ocampos Fernández, Aureliano Servín Maldonado y María Rocío Casco Arce.
De igual manera, la Cámara de Apelaciones declaró inadmisible la apelación de Alfredo Guachiré Medina, querellante adhesivo, por derecho propio, bajo patrocinio de la Abog, Gessy Ruiz Díaz, todos en contra del A.I. N° 1522 de fecha 22 de diciembre de 2021, dictado por la jueza penal de Garantías, Abog. Alicia Verónica María Pedrozo Berni.
Argumento del Tribunal de Apelaciones
Los camaristas de la Tercera Sala argumentaron que por reiterados fallos en un mismo sentido, este órgano de Alzada tiene sustentado que el Auto de apertura a juicio oral y público resulta inapelable, según lo refiere el Art. 461, última parte del Código Procesal Penal. Asimismo, -indicaron- que el juicio oral y público es la etapa donde se permitirá sustentar la causa y valorar las pruebas, para concluir en una sentencia absolutoria o condenatoria.
Agregaron: “En virtud al principio de progresividad que rige al proceso penal tratándose de una decisión que pone en marcha el procedimiento, el auto de apertura es irrecurrible, en otras palabras, se suprime la posibilidad de interponer apelación general entre la finalización de una etapa y el inicio de otra. Esto es así porque lo que eventualmente podría producir algún gravamen a las partes, ya tuvo la oportunidad de ser saneado, corregido o rectificado en la etapa intermedia, inclusive de oficio por el órgano jurisdiccional”.
El caso
Según la acusación de la fiscala Stella Mary Cano, el exintendente de Asunción, Mario Ferreiro Sanabria consentía la tramitación irregular del pago a proveedores a través del grupo conformado por los procesados Víctor Ocampos, Fernando Ferreiro, Roberto Ferreiro y Marcelo Mancuello, específicamente a la empresa Ocho A SA, correspondiente a la ejecución del contrato Nº 03/2015 ‘Servicio de Señalización Horizontal y Vertical de varias calles de Asunción’, de la Licitación ID Nº 284418.
El exintendente Ferreiro Sanabria está acusado por coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de confianza, por la creación de una supuesta “caja paralela” que funcionaba en el ayuntamiento y que la manejaba supuestamente el grupo “asado de fin de semana” en la red social Telegram.
La agente fiscal Cano asegura tener certeza de que Mario Ferreiro Sanabria, en su carácter de ordenador de gastos de la Municipalidad de Asunción, junto a los demás acusados en la causa ocasionaron a la Municipalidad de Asunción un perjuicio patrimonial por G. 1.611.710.511, monto que dicen fue percibido indebidamente por Ocho A.
Los otros acusados
También sindica la acusación, que de la lectura de los chat en el grupo de Telegram el Ministerio Público resalta la fotografía del cheque con el que se acreditaba la gestión para facilitar el pago, que fue enviada por el entonces jefe de Gabinete Marcelo Mancuello, quien señaló a los primos Ferreiro que el cheque ya estaba listo, a lo que Fernando Ferreiro respondió que iba a “avisar al cobrador de la empresa”.
Los demás acusados son el exsecretario de Gabinete de la Intendencia, Carlos Mancuello Ríos, y su exasistente Víctor Ocampos Fernández, por lesión de confianza y tráfico de influencias; el exdirector de Recursos Humanos Aureliano Servín Maldonado, y la exdiputada Rocío Casco Arce, por supuesta coacción, coacción grave y tráfico de influencias; y los sobrinos del exintendente Fernando Ferreiro Ayala y Roberto Ferreiro Paz, por presunto tráfico de influencias.