Petróleos Paraguayos (Petropar), presidido por Denis Lichi, es sumamente generosa al otorgar combustibles a políticos y sus familiares sus combustibles a créditos, supuestamente a “un mes vencimiento”. Sin embargo, no proporciona los documentos que demuestren la veracidad de esta afirmación, y los reportes a los que accedió ABC dan indicios de un manejo discrecional.
Conforme a informes que se obtuvieron extraoficialmente, en la cartera de clientes de la petrolera estatal hay varios políticos y sus familiares como beneficiarios de las “bondades” del retiro de combustibles y que el pago por estos productos se daría mucho después del mes de la entrega. Incluso, podría ser más tiempo, conforme a la “cara del cliente”, dato que no fue negado por Lichi pero que tampoco proporciona los documentos que evidencien que tal manejo irregular no existe.
Se intentó conocer de manera oficial quiénes son los deudores de la estatal, pero el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez apeló a la Ley N° 6534/20 de Protección de los Datos Crediticios para protegerlos (ver facsímil). De esta manera, se niega a brindar información sensible referente a la gestión de la petrolera estatal.
Operadores a pesar de antecedentes
Pese a ciertos antecedentes y sospechas de poder ocasionar un daño patrimonial a Petropar, la administración dirigida por Lichi no muestra inconveniente para mantener negocios con esos operadores, conforme a un análisis del listado de operadores al que accedimos.
Entre los clientes deudores de Petropar al 31 de marzo se encontró que figura Transporte y Combustible SA (Transportcom), sociedad que integra Édgar David Silva Gimenez, quien fue imputado en diciembre del 2020 por evasión de impuestos. En el directorio aparecen la exsubcontralora Nancy Anunciación Torreblanca de Villalba, quien fue investigada por uso irregular de helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) y procesada y cobro irregular de “secretarias vip”, y Gilberto Fernando Casco Romero, uno de los beneficiados con el subsidio “Ñangareko” otorgado en pandemia para la gente que no disponía de recursos. También está Mónica Beatriz Silva Centurión, excandidata a diputada por Encuentro Nacional.
Esta empresa fue cuestionada en 2013 por ser adjudicada para proveer el servicio de flete a Petropar, a pesar de que era la oferta 13% más cara.
Otra “joyita” sobre los operadores de Petropar es Gamax SA, representada por Arnaldo Joel Dure Melgarejo, investigado por la Fiscalía por intento de estafa a la misma petrolera estatal por presentar como garantía un inmueble en litigio. Además, fue procesado por intento de estafa por la compra-venta de un inmueble. La empresa no entregó ninguna garantía de la compra a crédito.
Tampoco el concejal municipal de San José de los Arroyos, José Adolfo Ayala Cantero presentó a la estatal alguna garantía para el acceso a créditos por la compra de carburantes.
Estatal niega información pública
Denis Lichi, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), había asegurado que tiene 230 operadores y que todos poseen un promedio de G. 1.000 millones de deudas, pero evita informar referente al cumplimiento de estos pagos. Tampoco proporciona el detalle de la lista de morosos, dato solicitado vía portal de Acceso a Información Pública (AIP), expediente N° 54.810. La petrolera estatal alegó que los contratos firmados con los operadores de estaciones de servicios que operan bajo el emblema de Petropar tiene cláusula de confidencialidad.
“No me cancela contrato”, dice Alliana
El presidente de la Cámara de Diputados y del Partido Colorado, Pedro Alliana, afirmó ayer que otros emblemas ofrecen mejores condiciones y más beneficios que Petropar, pero que “no tiene la culpa” de que este emblema no le cancele el contrato. Aseguró que no tiene problemas de legislar cuestiones relativas a la petrolera estatal, a pesar de que posee estaciones de servicios de este emblema. Las declaraciones las dio ayer, en conferencia de prensa, en el Congreso.
“Todos los emblemas dan esa facilidad, si Petropar no da esa facilidad, seguramente los dueños de estaciones de servicios migrarían a otras estaciones de servicios. Tengo los pagos adelantados con Petropar, no soy ningún moroso tampoco”, manifestó.
Añadió que el promedio de ganancias mensual que da a Petropar es de G. 200 millones con lo combustibles que vende en la ciudad de Pilar (departamento de Ñeembucú).
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Requerido referente a su injerencia en aprobar el subsidio a combustibles de la petrolera estatal, que le permitía adquirir combustibles más barato para venderlo a mejor precio a los consumidores, respondió que esa propuesta se aprobó a pedido del Ejecutivo.
Recalcó que esa decisión le “perjudicó” porque tiene otra gasolinera de otro emblema y durante la vigencia de los precios subsidios de Petropar, registró una caída de la demanda en su emblema privado.
DNCP no es garantía
La diputada Kattya González aseguró que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no es garantía de que se eviten compras sobrefacturadas, y prueba de ello son las adquisiciones hechas en pandemia, como lo fue el agua tónica a G. 5.000 cada botella.
De esta manera, de cierta forma defendía la decisión del Congreso de “puentear” la normativa de compras públicas para compras de combustibles y biocombustibles de extranjeros, para un trato directo con refinerías.
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