El caso fue presentado ayer, en reunión de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado, por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledezma, y el viceministro de Tributación, Óscar Orué.
La denuncia fue hecha por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que a través de su sistema Hechauka halló movimientos sospechosos en cuanto a carga de declaraciones juradas, desde un mismo sitio y en horas de la noche.
A partir de ello se iniciaron las pesquisas, se rastreó la dirección IP y se llevaron a cabo los allanamientos correspondientes.
Es así que, según explicó el fiscal Ledezma, fueron imputadas 75 personas (ver infografía) por la supuesta producción de documentos no auténticos en modalidad de uso, pues “se presumen que habrían participado en un esquema montado con la finalidad de obtener y comercializar facturas, que luego fueron utilizadas por presuntos contribuyentes a los efectos de justificar compras ante la Subsecretaría de Estado de Tributación. En ese sentido, se han reportado 52 supuestos contribuyentes, cuyas facturas se habrían utilizado”. Con esto la defraudación al Estado, al menos de manera preliminar, llega a G. 240.000 millones.
Para todas estas personas, el agente fiscal solicitó al juzgado pertinente la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Durante toda la investigación fiscal se incautaron por lo menos 50.000 facturas, varias de ellas de un estudio contable en Luque.
En cuanto al local allanado en aquella ciudad, previamente Ledezma acotó que se recabó más información, además de las facturas. En ese sentido puntualizó que también había duplicaciones de facturas y que habrían sido, también, utilizadas por los presuntos contribuyentes.
En ese caso, el responsable del estudio fue imputado por asociación criminal, producción de documentos no auténticos y abuso de identidad. Igualmente, fue procesada la persona que realizó la impresión de dichos documentos. Ambos están cumpliendo con la medida de arresto domiciliario.
A su turno, el viceministro Óscar Orué detalló que el esquema se inició a partir de la creación de 50 empresas unipersonales, fantasmas, que se dedicaban a la obtención de facturas, de forma ilegal para después comercializarlas a personas que necesitaban estos documentos para reducir o ampliar gastos o así poder reducir el pago de impuestos.
“Por un lado, estas empresas no tenían un lugar físico y tampoco vendían nada, solo daban las facturas. Pero también hay casos en los que las personas indicaron que sí recibieron el servicio ofrecido por la firma y estas tendrán oportunidad de aclarar ante el Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado de Tributación”, señaló Orué.
Antecedentes
Desde la fiscalía detallaron que tras cruzar datos, se requirió a las imprentas “Servicios Generales Rall” y “Gráfica Monarca SRL”, los documentos timbrados que fueron gestionados a nombre de Gustavo Tomás Barrios Amarilla.
En la imprenta Monarca, se constató que los talonarios de facturas no fueron gestionados por la citada persona, teniendo en cuenta que no se registraba la firma de la misma, como tampoco la debida autorización.
Sin embargo, las facturas sí fueron gestionadas por Mario César Ferreira Maidana, por lo cual se habría consultado en la base de datos del sistema Hechauka, y se habría detectado que 16 informantes declararon haber realizado compras de Barrios Amarilla por valor de G. 4.121.868.442.
Sin embargo, al ser rastreada esta persona a través de las redes sociales y una vez encontrados estos datos, procedieron a comparar con los registros biométricos de la SET y en adición a la última referencia laboral registrada en el sistema de Informconf, habrían verificado que Barrios se dedica a la actividad de taxista y que por ende su identidad fue usada para la impresión de las facturas.
Con esos datos, funcionarios de la “Coordinación de Investigación Tributaria y Gestión de Riesgos – SET”, identificaron a 52 contribuyentes que estarían vinculados entre sí, como también con la firma “Consultora GSM SA”, que fue allanada, la cual registra entre sus actividades económicas servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y asesoramiento desde agosto de 2012 y cuyo representante legal y socio sería Mario Ferreira.
En tal sentido, conforme a la documentación remitida a la Fiscalía 190 agentes de información reportaron haber comprado talonarios de facturas de 28 de los 52 contribuyentes reportados, por un monto total de G. 50.368.099.534,