El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, dijo anoche en “Expediente Abierto” emitido por ABC, que si el Poder Ejecutivo sanciona la polémica ley, se debe analizar una urgente modificación de la misma, sobre todo para establece una sanción administrativa a los funcionarios que omiten bienes en sus declaraciones.
“Es urgente una modificación. La omisión debe tener por lo menos multa como sanción”, enfatizó el funcionario del órgano contralor.
Explicó que en el 2021, la Contraloría presentó un anteproyecto de modificación de la ley actual sobre cuatro puntos: 1) quitar la obligación a los particulares proveedores del Estado que presenten sus DDJJ, teniendo en cuenta que el artículo 104 de la Constitución solo exige a los funcionarios públicos; 2) que se disponga la publicación de la declaraciones juradas; 3) establecer una multa a los funciones que incumplen la obligación de acuerdo a su salario y 4) que la Contraloría tenga acceso director a los datos de Registros Públicos, Registro del Automotor, Subsecretaria de Estado de Tributación, SET, entre otros.
Sin embargo, los legisladores aprovecharon la presentación para despenalizar la declaración jurada falsa. Torres dijo que los parlamentarios ni siquiera analizaron el punto 4 del anteproyecto, “que es muy importante para la institución”.
Los funcionarios podrán rectificar sus declaraciones en cualquier momento y las omisiones no tienen sanción penal, ni administrativa.
Desde el 2004 hasta la fecha la Contraloría detectó 1.200 rectificaciones.
Congreso es reactivo
El abogado José Casañas Levi, quien también estuvo en el programa refirió que el Congreso es un órgano que, por lo general, actúa de manera reactiva. “No es una institución que proyecta a futuro sino que reacciona. Creo que con esta despenalización de las Declaraciones Juradas pasó eso. Empezaron a ver elementos sobre determinadas personas que fueron procesadas y, recientemente, informaciones y publicaciones muy graves sobre personas posiblemente vinculadas a asociaciones criminales que trabajan en lavado de dinero y otros hechos punibles entonces surge la idea de eliminar el riesgo que por una declaración jurada falsa el funcionario pueda ser procesado”, agregó.
“Otro fenómeno muy frecuente en nuestro Estado es que no hay ninguna institución pública que tenga un sistema de control serio, no existe eso en Paraguay. Ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público. Siempre los hechos de corrupción se detectan o por denuncias de terceros o por investigaciones periodísticas, pero los órganos no tienen un sistema de control para detectar que los funcionarios están llevando un vida no acorde a los ingresos económicos legales que tiene”, enfatizó Casañas Levi.