La Cámara de Senadores remitirá hoy a primera hora al Poder Ejecutivo la ley sancionada que despenaliza los ocultamientos en las declaraciones juradas, informaron fuentes legislativas. Si el Legislativo remite hoy al Palacio de López, el presidente de la República Mario Abdo Benítez tiene seis días hábiles (desde la comunicación parlamentaria) para vetar o promulgar la normativa, según establece el Art. 205 de la Constitución Nacional.
El senador Fernando Silva Facetti (PLRA-llanista) dijo que existe una “mayor razonabilidad” en el texto aprobado en la Cámara de Diputados de la ley que despenaliza las declaraciones juradas falsas.
La despenalización de las declaraciones juradas rectificadas a raíz de su contenido falso podría dejar impunes a varios políticos y funcionarios públicos pese al rosario de evidencias sobre groseros ocultamientos de bienes. El expresidente Horacio Cartes, los diputados Erico Galeano (cartista) y Miguel Cuevas (velazquista), además del senador oficialista Javier Zacarías Irún son algunos que rectificaron sus manifestaciones, recién después de quedar al descubierto. El presidente Mario Abdo Benítez tiene 6 días para expedirse sobre lo aprobado por el Congreso.
El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, expresó optimismo por la posibilidad de que el presidente Mario Abdo Benítez vete la ley que despenaliza la presentación de declaraciones juradas incompletas o de contenido falso, sancionada el viernes en el Senado.
La Cámara de Senadores no logró reunir los 23 votos mínimos necesarios para penalizar el “olvido” en la declaración jurada de bienes, motivo por el cual se sancionó la versión de los cartistas. Con esta decisión, se elimina la obligación de la Contraloría General de la República de reportar a la Fiscalía General del Estado como supuesto hecho punible el ocultamiento de bienes por parte de los funcionarios públicos. Pasa al Ejecutivo.
El presidente Mario Abdo Benítez vetó parcialmente la ley que habilita la compra directa de combustibles por parte de Petropar. El mandatario aprobó que los proveedores internacionales de la petrolera estatal no tengan la obligación de presentar declaraciones juradas; sin embargo, objetó la posibilidad de que se “puentee” a Contrataciones.