El documento indica que el nuevo juicio político se realiza con “el evidente propósito de socavar la institucionalidad del Ministerio Público con fines electoralistas”.
La reacción del gremio se debe a que cinco de los 18 liberales que dieron quorum a favor del cartismo presentarán una nueva solicitud de juicio político contra la fiscala general, Sandra Quiñónez. Según indican, sería ante el temor de ser excluidos como candidatos para las próximas elecciones.
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El comunicado del sector que aglutina a los fiscales también “hace un llamado a la reflexión a los representantes del pueblo, a respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público como base de consolidación democrática, y a no instrumentalizar la figura del juicio político como mecanismo de persecución a la institución, buscando resolver con ello disputas electorales que deben ser, por sus naturalezas, definidas a través del sufragio”.
Dentro su argumentación también mencionan el artículo 225 de la Constitución Nacional, que establece los requisitos para la procedencia del juicio político.
En cuanto al mal desempeño de funciones, indican que “argumentar el mal desempeño de funciones para llevar adelante un juicio político, en relación a causas en plena investigación, constituye una violación a la prohibición de cualquier poder del Estado de inmiscuirse en procesos penales”.
El nuevo pedido de juicio político tendrá entrada oficial este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada para las 08:30, con las causales del caso “Smart” y un informe del instituto “InSight Crime”, que se refieren al crimen organizado.
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Presentaron el nuevo pedido de juicio político para la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, los diputados liberales Pastor Vera Bejarano (bancada “C”), Emilio Pavón (dionisista), Ariel Villagra (bancada “L”), Roya Torres (dionisista) y Fernando Oreggioni (equipo Burt).
Esta acción del grupo liberal tiene lugar casi 24 horas luego de que se haya “enviado al archivo” por tercera vez un pedido de juicio político para Sandra Quiñónez, quien es acusada de no tomar acciones en casos que involucran al expresidente Horacio Cartes, declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos, así como otros sonados casos tales como la muerte de Rodrigo Quintana en la sede del PLRA y el caso Darío Messer, entre otros.