Las diputadas Kattya González y Norma Camacho, ambas del Partido Encuentro Nacional (PEN), impulsaron el pedido de informes a todos los municipios del departamento Central sobre la ejecución del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), con el objetivo de controlar las inversiones realizadas de las instituciones educativas públicas. El plazo que tienen los jefes comunales para responder a lo solicitado es de 15 días.
Encabeza la lista la Municipalidad de Luque, administrada por el intendente colorado Carlos Echeverría (cartista), quien ejerce su segundo periodo como jefe comunal. Según el portal del Ministerio de Hacienda, este distrito recibió durante este año, desde enero hasta agosto, la suma de G. 2.747 millones dentro del concepto mencionado.
El mismo está obligado a detallar sobre la rendición de cuentas enumerando las observaciones expuestas por parte de las instituciones controladoras, ejercicio fiscal 2022 y anteriores (5 años). Indicar también el monto total que debería recibir la Municipalidad de Luque de parte del Fonacide para los ejercicios fiscales del 2020 al 2022, además de mencionar las medidas complementarias adoptadas para paliar las necesidades de inversión en infraestructura, ante la falta de desembolsos de Fonacide.
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También indicar el monto total ejecutado, discriminado por ejercicio fiscal, rubro e institución educativa beneficiaria. Detallar las obras realizadas o las compras, con sus costos, fechas de entregas, planificación, cronograma de actividades con los documentos respaldatorios (facturas, presupuestos) de las instituciones educativas adjudicadas del año 2020 al 2022.
Informar sobre los criterios y métodos de diagnóstico de necesidades que utilizan para definir las compras y las obras a ser destinadas a las instituciones educativas con las carpetas de pedidos en cuanto a la infraestructura educativa y alimentación. Informar sobre los criterios o sistemas de selección para beneficiar a las instituciones educativas (de acuerdo a cantidad de estudiantes, estado de edificio).
Las mismas exigencias también fueron solicitadas a la Municipalidad de Areguá, administrada por el jefe comunal Humberto Denis Torres (ANR, cartista), y tiene el mismo tiempo de plazo. Su presupuesto desde enero hasta agosto es de G. 436 millones.
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Según el documento al que accedió ABC, también fueron notificadas las siguientes municipalidades:
- Capiatá (G. 2.394 millones)
- Fernando de la Mora (G. 2.073 millones)
- Guarambaré (G. 625 millones)
- Itá (G. 864 millones)
- Itauguá (G. 1.274 millones)
- Lambaré (G. 1.875 millones)
- Julián Augusto Saldívar (G. 749 millones)
- Limpio (G. 1.005 millones)
- Mariano Roque Alonso (G. 742 millones)
- Nueva Italia (G. 377 millones)
- Ñemby (G. 1.571 millones)
- Ypané (G. 786 millones)
- San Lorenzo (G. 3.761 millones)
- Villa Elisa (G. 961 millones)
- Villeta (G. 636 millones)
- Ypacaraí (G. 775 millones)
- San Antonio (G. 997 millones).
Los montos señalados corresponden al desembolso hecho por el Ministerio de Hacienda desde enero hasta agosto de este año.