El fiscal Juan Ledesma investiga los presuntos hechos de apropiación, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y lesión de confianza, supuestamente cometidos por estas 49 personas, incluso por el exgobernador cartista, Hugo Javier González.
Según las primeras investigaciones, los procesados habrían montado un esquema delictivo dentro de la institución departamental con la ayuda y complicidad de oenegés, que recibieron millonarias transferencias hechas por la Gobernación de Central durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020. El daño patrimonial sería de G. 18.300 millones.
El fiscal de esta nueva causa, Ledesma, indicó que durante la investigación se logró colectar evidencias “que sugieren que existen suficientes elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible grave”. El mismo solicitó arresto domiciliario para una veintena de imputados y para otros medidas alternativas.
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Las audiencias de imposición de medidas fueron realizadas rápidamente por el juez especializado José Agustín Delmás, y a diferencia de otros magistrados, el mismo hizo la convocatoria bajo advertencia de aplicar sanciones si planteaban chicanas para trabar la diligencia. De esta manera casi todos se presentaron en el primer llamado.
Según lo manifestado por Delmás, las 49 audiencias ya se llevaron a cabo en su totalidad y todos los procesados obtuvieron la medida requerida por el Ministerio Público. Asimismo, por ejemplo, ordenó el arresto domiciliario de Hugo Javier González. También aplicó la caución real a varios de los procesados. Ahora se espera el requerimiento conclusivo del fiscal Ledesma.
Audiencias pendientes
Hugo Javier González Alegre y otras siete personas fueron acusados en otra causa penal, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, en noviembre pasado.
Los hechos investigados son presunta lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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El perjuicio detectado por la Fiscalía es de G. 5.105 millones, del fondo Covid que el ejecutivo desembolsó a favor de la Gobernación de Central en diciembre de 2020. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y obras fantasmas para “justificar” el desembolso.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron elevar la causa a juicio oral y según fuentes judiciales, el expediente del caso que involucra a la Gobernación fue remitido a mediados de diciembre último al despacho del juez Humberto Otazú, quien tendrá competencia en la causa.
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En esta misma causa, fueron también imputados en noviembre de 2022 Miguel Ángel Robles, exdirector general de Gabinete y exasesor de Hugo Javier, así como también fue imputada Natalia Velenzuela, exjefa de Equidad, Género y Desarrollo Humano de la Gobernación, tras comprobarse la participación de ambos en el esquema delictivo creado dentro de la institución para presuntamente desviar millonarios fondos, según afirmó la Fiscalía.
Nuestras fuentes aseguran que las audiencias preliminares para los ocho acusados y también las audiencias de imposición de medidas para los últimos imputados, podrían realizarse desde la próxima semana.