Arresto domiciliario para asistente de fiscala, en proceso por coima

La asistente fiscal Christi Magali Ortega Domínguez (38 años), procesada junto con la fiscala Ana Elizabeth Girala López, por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, fue beneficiada con el arresto domiciliario por disposición de la jueza penal de garantías Lici Teresita Sánchez.

Ana Girala, fiscala de San Lorenzo.
Abog. Ana Girala, fiscala de San Lorenzo imputada por presunta coima.

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El juzgado penal para favorecer a la imputada Christi Magali Ortega Domínguez con la medida de arresto domiciliario admitió como caución real un inmueble valorado en G. 765 millones. La funcionaria del Ministerio Público fue imputada por el fiscal Osmar Legal por los delitos de cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, previstos en el Código Penal en los artículos 301 y 239, respectivamente, en calidad de cómplice.

La jueza Sánchez es interina del juzgado penal Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno a cargo del juez José Agustín Delmás Aguiar, y a través del AI N°234 del 17 de mayo de 2023, decretó el arresto domiciliario.

La causa penal de supuesta coima está caratulada “Griselda Beatriz Acha Alcaraz y otros s/ cohecho pasivo agravado (Ley N°6379)”. Identificación N° 01-01-02-37- 2023-12.-

Defensa pidió arresto domiciliario para asistente fiscal

El abogado defensor Luis Villasanti solicitó en la audiencia de imposición de medidas cautelares que su cliente Christi Magalí Ortega Domínguez sea beneficiada con el arresto domiciliario, ya que los hechos punibles por los cuales fue imputada son calificados como delitos, es decir, no tienen una expectativa de prisión de más de 5 años.

Allanamiento de la Fiscalía al arresto

La fiscala Liliana Alcaraz en la audiencia de imposición de medidas cautelares se allanó al pedido de imposición de medidas menos gravosas que solicitó la defensa de la imputada.

”El Ministerio Público si bien ha solicitado la prisión preventiva en el requerimiento correspondiente (con la imputación) era porque al inicio del proceso se encontraban presentes los tres requisitos del Art. 242 del Código Procesal Penal (CPP). Sin embargo, podemos apreciar que ya no existiría el peligro de fuga teniendo en consideración que la imputada se ha presentado voluntariamente ante el Ministerio Público para prestar declaración y para que se haga efectiva la orden de detención que pesaba en su contra”, sostuvo la agente.

La Fiscalía, de igual manera, tuvo en cuenta para allanarse a la medida alternativa que la procesada desistió de los recursos planteados en la Cámara de Apelaciones, lo que posibilitó el avance del proceso penal, para poder beneficiarse con las medidas que favorecieron asimismo a las demás imputadas.

Análisis del juzgado para imponer el arresto

La jueza Lici Teresita Sánchez tras presentar a las partes sus argumentaciones, sostuvo que se encuentran reunidos en su totalidad los elementos exigidos en el Art. 242 del CPP para su análisis, los cuales sustentan a la medida cautelar de prisión preventiva.

La magistrada prosiguió que su juzgado se avoca a analizar, 1) La existencia de elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave; 2) que sea necesaria la presencia de la imputada, así como la existencia de hechos suficientes para sostener razonablemente que la misma es autora del hecho investigado; 3) y si de las circunstancias del caso concreto, existen indicios suficientes para suponer un posible peligro de fuga y obstrucción a la investigación.

El juzgado de igual manera consideró que por A.I. Nº 75 de fecha 27 de abril de 2023, mediante el cual el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado ha resuelto otorgar a la coprocesadas Liz Elena Martínez y Nélida Alcaraz Bogarín, la medida sustitutiva de arresto domiciliario.

La jueza Sánchez resolvió que considerando los argumentos propuestos y que la medida cautelar de prisión preventiva puede ser suspendida por una menos gravosa, como el arresto domiciliario.

De igual manera, se tuvo en cuenta la presentación de cauciones de carácter real ofrecidas por la defensa, teniendo en cuenta que el arresto domiciliario en la práctica no es objeto de vigilancia y a fin de evitar el entorpecimiento de la marcha del proceso por ausencia de la procesada deberá además del arresto domiciliario, establecerse otras medidas que tendrán por finalidad evitar el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación.

Reglas de conducta impuestas

El juzgado penal para beneficiar a la imputada con el arresto domiciliario, impuso como reglas de conducta a la funcionaria imputada Ortega Domínguez: el control aleatorio de la Policía Nacional, la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial, la obligación de asistir a todas las citaciones del juzgado y Fiscalía.

De igual manera, el juzgado impuso a la procesada la prohibición de cambiar de domicilio, restricción para comunicarse con los demás imputados y testigos, caución real de in inmueble ubicado en San Lorenzo, avaluado en G. 765.000.000, pero sobre el cual se traba embargo hasta alcanzar la suma de G. 300.000.000.

Allanaron unidad fiscal de San Lorenzo

El pasado 16 de febrero de 2023, el fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscala Ana Girala ante la denuncia de que integrantes de la misma habrían solicitado el pago de G. 25.000.000 para beneficiar a un joven procesado, hijo de la persona que presentó la denuncia.

Ese allanamiento se realizó ante las sospechas de que la fiscala Ana Girala, según la imputación fiscal, tenía a su cargo una causa por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes, en la que habría acusado a dos participantes que esperaban por la realización de la audiencia preliminar que fue fijada para el 20 de febrero pasado.

Es así que el 7 de febrero de este año que la fiscala Girala habría iniciado el pedido de sumas de dinero, entre G. 10 y G. 25 millones, a cambio de plantear salidas alternativas al juicio oral al momento de la realización de la audiencia preliminar, para los dos procesados.

Para ello, Girala se habría valido de su secretaria Griselda Acha que a su vez dio indicaciones a la abogada Liz Elena Martínez para contactar con el procesado, que en ese entonces estaba privado de libertad, siempre según la imputación.

Luego de esto la abogada Liz Martínez y la abogada Nélida Martínez se habrían puesto con contacto con el padre de uno de los procesados a fin de llegar a un acuerdo económico para “solucionar” la situación procesal de su hijo. En este sentido, Girala era informada de las tratativas por su secretaria Griselda Acha que a su vez recibía información de Liz Martínez.

Ya el 15 de febrero, la fiscala Ana Girala habría recibido el reporte de que había intención de “cerrar” el trato, pero para ello la abogada Liz Martínez debía saber qué salida se le daría al procesado en la audiencia preliminar. Ante esto, Girala se comprometió a solicitar un “procedimiento abreviado”., según la imputación.

Por otra parte, la asistente Christi Ortega, se presume que habría tenido conocimiento de las tratativas que hacía su compañera y en ese sentido, estuvo expectante de los resultados para obtener un beneficio económico.

En cuanto al abogado Marcos Velazco, entre setiembre de 2022 y febrero de 2023, habría intervenido en varias causas penales en la unidad de Ana Girala. Además, se habría valido de una relación personal con Griselda Acha para ganar la confianza de Girala, para así lograr algún beneficio.

Dentro de la investigación también se hallaron elementos sobre que el abogado Velazco habría otorgado y ofrecido beneficios a la fiscala Girala y a las funcionarias Christi Ortega y Griselda Acha, como sumas de dinero u objetos de alto valor.

Ante estos hecho se sospecha que la fiscala Ana Girala se habría encargado de seleccionar en qué causas se podría “negociar”, según el perfil del usuario del sistema de justicia. Una vez determinada la causa, se fijaba el “precio” de su trabajo, que incluía desde pedidos de allanamientos, salidas procesales, imputaciones un otras diligencias.

Así también, están siendo investigados los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Liz Elena Martínez y Nélida Vicenta Alcaraz, por los hechos punibles de soborno agravado, en calidad de autores y asociación criminal, en calidad de cómplices.

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