El próximo 26 de septiembre se cumple el plazo extraordinario para que el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), presente el requerimiento conclusivo en la causa en la que se investiga un presunto desfalco que causó un daño patrimonial de G. 18.300 millones a la Gobernación de Central durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.
Inicialmente fueron imputadas 49 personas, incluyendo al ahora exgobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), además de funcionarios que pertenecieron a su administración, contratistas, proveedores y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Hugo Javier, más conocido como el “Nº 2″ por su faceta como locutor y animador de fiestas, soporta dos causas penales por supuestos hechos de corrupción cometidos durante su gestión.
Lea más: Hugo Javier y otros miembros de “esquema delictivo” esperan juicio por presunto desfalco
Durante el proceso penal fallecieron dos supuestos implicados cuyas causas se extinguieron por tal motivo. Ahora, siguen investigadas 47 personas de las cuales, según declaraciones del fiscal Silvio Corbeta, varios solicitaron ser beneficiados con salidas procesales que están siendo analizadas.
Corbeta también dijo que no se descartan nuevas imputaciones en el caso. Se presume que esto podría darse luego de las declaraciones testificales de los actuales imputados. Algunos cumplen medidas cautelares como arresto domiciliario y otros están con libertad ambulatoria.
Lea más: Imputan a Hugo Javier y otras 49 personas en nueva causa
Los hechos investigados por el Ministerio Público son lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. El fiscal añadió que la pericia caligráfica está en la etapa final y pronto tendrá el informe.
El Ministerio Público sospecha que en la institución departamental de Central se creó un esquema delictivo que operó con la complicidad de funcionarios, directores, proveedores y miembros de cinco ONG para desviar supuestamente más de G. 18.300 millones.
El exgobernador se encuentra con prisión domiciliaria y enfrenta dos causas actualmente. La primera es por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. En esta causa, hay otros 7 acusados para los cuales la Fiscalía pide juicio por un perjuicio de G. 5.105.600.000.