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El 2 de junio se cumplió dos años del escándalo que involucró a la Gobernación del departamento Central, donde el exgobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista) y exfuncionarios de la institución fueron investigados por el presunto desvío de G. 5.105 millones del fondo covid-19, que el Ejecutivo desembolsó a la institución departamental en diciembre de 2020, para la reactivación económica durante la pandemia.
Pero, en vez de generar fuente de trabajo como lo establece la ley para la administración del fondo, se creó, según el Ministerio Público, un “esquema delictivo”, dentro de la misma Gobernación con el fin de robarse todo el dinero que, incluso, se debió invertir en hospitales públicos.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, tanto el exgobernador como sus exfuncionarios, además de contratistas, son miembros del “esquema delictivo” que se encargó de “fabricar y clonar” facturas que luego fueron presentados en la rendición de cuentas de la supuesta ejecución de los G. 5.105 millones, a la Contraloría General de la República (CGR).
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Los acusados en la causa y que esperan el inicio del juicio oral y público donde serán juzgados son el exgobernador Hugo Javier González Alegre, el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, supuesto “cerebro” que ideó el “esquema delictivo”; el exdirector de Administración y Finanzas de la institución Marcelo Rojas, la exsecretaria del gobernador, Lourdes Lezcano; el extesorero Luis Allende y la exsecretaria de Administración y Finanzas, Modesta Valiente.
Al respecto, el fiscal Rodrigo Estigarribia indicó que el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal del acusado Miguel Ángel, el pasado viernes apeló el fallo del juez especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, que había decidido el 25 de julio último que, Robles Ibarra vaya a juicio. La Fiscalía tiene cinco días para contestar sobre el incidente y el plazo se cumplirá este viernes.
También, según lo manifestado por Estigarribia, la investigación no tuvo mayores obstrucciones salvo los incidentes presentados por algunos de los procesados que solo dilataron el proceso, aunque sin excederse en los tiempos.
Salida procesal y un testigo clave
Este juicio donde será juzgada la fracasada administración del locutor y animador de fiestas, Hugo Javier, tendrá aproximadamente 80 testigos, de los cuales, uno es clave.
El agente Estigarribia dijo que, si bien, al principio de la investigación, el 1 de noviembre de 2021 fueron imputadas 15 personas y un año después dos más, actualmente seis enfrentarán juicio, tres fueron beneficiados con salidas como el procedimiento abreviado y otras tres con suspensión condicional. Mientras que uno falleció.
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Por ejemplo, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG que presuntamente habría recibido la suma de G. 5.105 millones para ejecutar proyectos de mejoras en espacios públicos de Central, fue favorecido con el procedimiento abreviado, es decir, fue condenado a un año de pena privativa de libertad, pero con suspensión de la ejecución de la pena y será el testigo clave en el juicio.
Según el Ministerio Público, Álvarez Cristaldo, “fue el que más colaboró en la investigación” y brindó detalles de cómo, cuándo y cómo se creó el esquema delictivo. También habría revelado cómo los funcionarios involucrados habrían operado para obtener las facturas clonadas de los contratistas y así desviar el fondo covid-19. Todo por la supuesta orden dada por Robles Ibarra.
Los otros beneficiados con esta misma salida son la exjefa de Control Interno de la Gobernación, Karina Mazacotte, y Édgar Zaracho, exasesor jurídico.
Suspensión condicional
Obtuvieron la suspensión condicional los contratistas Félix Grau, Óscar Gaete y Óscar Morel Oses y los tres también serán testigos en el juicio. Los otros beneficiados con esta medida son Paulino De los Santos Palacios, tesorero de CIAP, y la exdirectora de Equidad y Género de la Gobernación, Natalia Valenzuela.
Sobreseimiento definitivo
Por otro lado, fueron sobreseídos definitivamente el exjefe del Departamento de Presupuesto de la Gobernación, Guido Portillo, así como el síndico de CIAP, Nicolás Cristaldo. Se extinguió la causa del exdirector de Obras de la institución departamental, Armando Soler debido a su fallecimiento.
No se excluyeron pruebas
La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción tiene 50 legajos, aproximadamente, en los que obran las pruebas obtenidas en allanamientos, testificales, informes y otros.
Los supuestos hechos investigados son lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. La expectativa de pena privativa de libertad para los procesados es de entre 5 hasta 10 años, según el concurso de hechos.
El fiscal Estigarribia destacó que “ningún elemento de prueba fue excluido” en la causa. Es así que, el Ministerio Púbico presentará durante el juicio el testimonio de casi un centenar de testigos, mensajes extraídos de celulares, documentos que prueban los hechos investigados, entre otros.
Resarcimiento del daño
Cabe destacar que, hasta el momento, los procesados que obtuvieron salidas procesales en la causa pudieron resarcir parte del daño patrimonial causado, por la decisión de los jueces Humberto Otazú, María Elena Cañete y los fiscales Estigarribia, Arzamendia y Cabrera. Así, unos G. 600 millones fueron devueltos y donados a diferentes hospitales, fundaciones y también parte de la suma de dinero fue depositado en la cuenta de la Gobernación de Central.
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Denunciantes
El 2 de junio de 2021, los concejales departamentales liberales, Adrián Billy Vaesken (hoy diputado) y Roque Ávalos denunciaron graves irregularidades en la rendición de cuentas hecha por el gobernador de Central, Hugo Javier González, a la Contraloría General de la República, sobre el uso de los G. 5.105 millones.
Vaesken y Ávalos, iniciaron las averiguaciones de forma inmediata ante la apurada rendición de cuentas que hizo el gobernador a la Contraloría y descubrieron que presumiblemente se habrían clonado varias facturas. Los ediles indagaron sobre el caso, luego de que la Contraloría General de la República alertara sobre la falta de rendición de cuentas de varias Gobernaciones que recibieron del fondo Covid-19.
El 8 de julio de ese mismo año, autoridades de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué y de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, tras el escándalo y las denuncias periodísticas, denunciaron ante el Ministerio Público la presunta irregularidad en la rendición de cuentas que hizo la Gobernación de Central, encabezada por Hugo Javier, en torno al uso del fondo covid-19.
Finalmente, el 1 de noviembre de 2021, la Fiscalía presentó imputación contra 15 personas, incluyendo a Hugo Javier. Confirmaron la existencia de facturas clonadas y también hablaban de obras fantasmas. Estigarribia, dijo que aparentemente, la Gobernación intentó justificar el desfalco presentando facturas apócrifas en la rendición de cuentas, respecto a obras que ya se habían hecho incluso un año antes del desembolso del fondo Covid-19.