El juicio oral y público contra el productor sojero brasileño José Carlos Casagrande se extendió y seguirá mañana, luego de que la Fiscalía anunciara la ampliación de la acusación por supuestos delitos ambientales cometidos durante la plantación y fumigación de soja en el distrito de Eugenio A. Garay, Guairá. La decisión se tomó tras surgir nuevas evidencias durante las declaraciones testimoniales de los últimos días.
La fiscal Jadiyi Ortiz explicó que, en audiencia, aparecieron circunstancias no contempladas inicialmente en la causa, relacionadas con el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental. Específicamente, mencionó la ausencia de barreras vivas para proteger el suelo y la falta de resguardo de los cauces hídricos, además del presunto derribo de árboles en la franja de protección de un arroyo que atraviesa la propiedad del acusado.
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Ortiz indicó que estos nuevos elementos corresponden al mismo tipo legal previsto en la Ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente, y advirtió que podrían modificar la expectativa de pena para Casagrande.
“Se agregaron más circunstancias del mismo tipo legal. Esto puede incidir en la sanción que se espera”, afirmó.
El caso ya contaba con un voluminoso antecedente. Casagrande enfrenta cargos por explotación agrícola sin Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) e incumplimiento de medidas de mitigación, en el marco de dos parcelas presuntamente instaladas en zonas prohibidas: una dentro del casco urbano de Garay, a escasos metros del pozo de agua comunitario, y otra en una zona de amortiguamiento de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú.
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La primera denuncia se originó tras detectarse una plantación de soja a solo 40 metros del pozo de una junta de saneamiento, poniendo en riesgo el suministro de agua potable para unos 500 usuarios. La segunda surgió por otra incursión agrícola en un área protegida, donde la ley prohíbe expresamente fumigar con agroquímicos. Además, la actividad en ambas áreas supone la violación de una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de actividades agrícolas.
El juicio, que se desarrolla en el Palacio de Justicia de Villarrica, ya incluyó la declaración de una docena de testigos, entre ellos vecinos, activistas y autoridades municipales. Todos coincidieron en la gravedad del daño ambiental presuntamente causado por el sojero y la necesidad de que el caso marque un precedente para el distrito.