El documento que solicita informe a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sobre tierras rurales incautadas, entre ellas la de Lusipar, fue presentado por varios legisladores de distintos signos políticos y recibió el visto bueno del pleno en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.
La iniciativa se fundamenta en los recientes acontecimientos registrados en la estancia “Lusipar”, donde se produjo un intento de ocupación de tierras bajo administración de la Senabico, seguido de un operativo policial y de denuncias públicas que cuestionan la transparencia en la gestión de inmuebles incautados.
Estos hechos pusieron en evidencia la necesidad de contar con información precisa, actualizada y verificable sobre el destino, uso y situación jurídica de dichos bienes, señala la exposición de motivos.
Indica que la situación descripta no solo refleja una tensión social vinculada al acceso a la tierra, sino que también plantea “la necesidad institucional de asegurar que la administración de los activos del Estado se ajuste a los principios de legalidad, eficiencia y rendición de cuentas”.
En ese contexto, el pedido de informes apunta a prevenir conflictos similares en el futuro y a generar insumos que permitan evaluar eventuales adecuaciones normativas, con miras a garantizar seguridad jurídica y el uso socialmente responsable de los inmuebles incautados.
El requerimiento solicita a la Senabico que informe sobre el total de hectáreas rurales actualmente bajo su administración, custodia o intervención, clasificadas según el tipo de medida aplicada, ya sea incautación, comiso, embargo u otra medida cautelar, indicando además el número de inmuebles y la superficie individual.
Asimismo, requiere una descripción detallada de la condición de dominio de los bienes, precisando la situación dominial registral, el estado jurídico derivado del proceso penal con su individualización de la causa penal abierta (incautado, comisado, embargado, abandonado, otros) y el juzgado y causa penal de origen.
Se pide detalle del régimen de uso actual de los inmuebles, especificando si se encuentran arrendados, cedidos bajo algún tipo de contrato de explotación y, en caso de arrendamiento, que se informen los montos mensuales y anuales por antigüedad de contrato.
También solicita el procedimiento utilizado para la adjudicación de los inmuebles en fase de incautación, aclarando si se recurrió a licitación, contrato directo u otro mecanismo; y los antecedentes que derivaron en el proceso de selección.
Específicamente, sobre la estancia “Lusipar”, se solicita el último avalúo vigente, así como la tasación de mercado (si existe), detallando fecha y método utilizado, además de informar si se cuenta con un inventario actualizado del inmueble y de sus mejoras; entre otros requerimientos.
La resolución establece un plazo de 15 días hábiles para que la institución remita toda la información solicitada.