En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a María Bethania Mendieta de Prette como titular del Juzgado de Paz de la Recoleta. El anterior juez, Víctor Nilo Rodríguez Acosta, acusado en el marco de la investigación del caso conocido como mafia de los pagarés, renunció en junio del año pasado.
Al parecer, la flamante jueza decidió aprovechar la feria judicial que rige en el mes de enero para depurar el juzgado a su cargo y en tan solo dos días, dispuso la nulidad de más de una treintena de juicios ejecutivos y acciones preparatorias de juicio ejecutivo.
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La magistrada fundamentó sus resoluciones en la Acordada 1.800 del 30 de abril de 2025 por la cual la Corte Suprema de Justicia aprobó el Protocolo de Actuación para depuración de los juicios ejecutivos y de cobros de sumas de dinero ante los Juzgado de Paz.
Los juicios anulados
El martes 6 de enero pasado, la jueza Mendieta declaró de oficio la nulidad de 10 juicios ejecutivos y acciones preparatorias a través de las sentencias definitivas (S.D.) N° 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61, 62 y 63.
El jueves 8, la magistrada tomó idéntica determinación en otras 23 causas a través de las S.D. N° 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89.
Todas estas acciones fueron presentadas por la firma Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), contra diferentes personas.
Las irregularidades constatadas
En común, en todos los casos mencionados se observó que a pesar de la existencia del expediente físico, las actuaciones no estaban registradas en el sistema Judisoft.
“Examinadas las normas transcriptas, pasamos a analizar el expediente, y además de ser analizadas las constancias existentes en formato papel, también se procede a la verificación que pudieran existir en el sistema Judisoft, mas no se visualizó en el sistema Judisoft ninguna actuación”, señala la jueza María Bethania Mendieta, al referirse a uno de los vicios detectados.
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Por otro lado, el análisis del expediente en formato papel evidencia que el escrito inicial no cuenta con sello de cargo de recepción del Juzgado, que las providencias dictadas en el proceso no cuentan con fecha de emisión, ninguna de ellas, “razón por la cual se puede afirmar que todas estas circunstancias constituyen actos viciados y que traen aparejada su nulidad”, precisa la jueza.
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“Estas situaciones mencionadas, no son meras irregularidades, sino vicios que impiden verificar cuándo se inició el proceso, ya que no se tiene la fecha de cargo de recepción lo que no permite tener la certeza de la fecha cierta de inicio del juicio, y comprometen el derecho de defensa, la seguridad jurídica y el control de legalidad”, explica Mendieta.
”La falta de sello de cargo en el escrito inicial de demanda no permite retrotraer el proceso, ya que no es jurídicamente posible retrotraer un proceso a un acto inexistente, corresponde por lo tanto declarar la nulidad de todo lo actuado, por inexistencia de acto procesal inicial válido, y ordenar su archivamiento no es una sanción a la parte recurrente sino al vicio procesal”, concluye la jueza de Paz.
Acusación en el caso mafia de los pagarés
Precisamente hace casi un año, el juzgado de Paz de la Recoleta fue uno de los cinco juzgados de Paz de la capital allanados en forma simultánea, en el marco de la investigación de la actuación de la denominada mafia de los pagarés.
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El anterior juez encargado de esta sede judicial, Víctor Nilo Rodríguez Acosta, está acusado junto con otras 11 personas por los supuestos hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Informe de comisión expuso anomalías
La Comisión Especial de Investigación Antimafia de Pagarés de la Cámara de Senadores, presidida por Rafael Filizzola (PDP), reveló un patrón alarmante de graves vicios en juicios ejecutivos, endeudamientos ficticios y descuentos salariales abusivos, en el marco de denuncias del accionar de la “Mafia de los pagarés”.
Uno de los casos más llamativos es el de tres docentes indígenas - padre, madre e hijo- de la comunidad Ytú Tupãrenda, distrito de Avaí, Caazapá, que fueron demandados en juicios ejecutivos idénticos, promovidos por una misma firma. Las demandas fueron presentadas en simultáneo en el Juzgado de Paz de La Recoleta, apenas tres días después del vencimiento de pagarés por G. 8.400.000 cada uno.
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Según los documentos, los pagarés habrían sido firmados en Asunción, con vencimiento a solo seis días, en una operación supuestamente realizada un sábado, a más de 300 kilómetros de la comunidad indígena.
Los docentes niegan haber viajado a la capital o haber firmado documentos ante una escribana pública.