La medida surge luego de una denuncia realizada por concejales municipales, quienes cuestionan la necesidad y el monto del proyecto impulsado por la administración del intendente Rodrigo Leguizamón (ANR-HC).
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Según el concejal Nemesio “Yoni” Acosta (ANR-HC), la DNCP ya remitió una nota formal a la Municipalidad de Villa Franca, exigiendo explicaciones detalladas sobre el proceso identificado como caso Nº 71/26, en el marco del módulo de investigaciones electrónicas. La institución solicita informes y documentos respaldatorios que justifiquen la contratación.
El foco de la polémica es la construcción de un polideportivo en el predio del Colegio Nacional de Villa Franca, que tendría un costo de G. 2.249.999.999, pese a que en el mismo predio funciona la Escuela Básica Nº 266 “Mcal. Francisco Solano López”, que ya cuenta con un tinglado multiuso con graderías y pista deportiva, construido por la Gobernación de Ñeembucú en 2020 por un valor de G. 643.713.015.
De acuerdo con los antecedentes verificados por la DNCP, la obra anterior fue adjudicada y ejecutada en el marco de un proyecto financiado con recursos del Fonacide, cumpliendo con los requisitos establecidos.
En ese sentido, el organismo cuestiona la duplicación de infraestructura en una comunidad con poco más de 1.100 habitantes, lo que podría contradecir principios de eficiencia, economía y razonabilidad en el uso de recursos públicos.
Los concejales municipales, en su mayoría del Partido Colorado, insistieron además ante la Contraloría General de la República (CGR) en la necesidad de una auditoría a la gestión municipal, al considerar que existen indicios de sobrefacturación y posible despilfarro de fondos públicos.
La DNCP también advierte que la nueva licitación, adjudicada el mismo día de la apertura de sobres de ofertas, podría vulnerar principios fundamentales de las contrataciones públicas, como la transparencia, la rendición de cuentas y la obtención del mejor valor por dinero.
Por su parte, el intendente Rodrigo Leguizamón, quien apunta al rekutu, rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso se ajusta a la normativa vigente. Dijo que las denuncias responden a una persecución política, en un contexto de disputa interna dentro del movimiento Honor Colorado, donde el propio concejal Acosta también aspira a la Intendencia.
Mientras tanto, el caso avanza en instancias administrativas y podría derivar en la suspensión o anulación del proceso licitatorio si se confirman las irregularidades señaladas.