Señala la SIP que “el país atravesó un complicado escenario en un contexto caracterizado por denuncias de corrupción, cuestionamientos a la independencia judicial y restricciones al acceso a la información pública” y que “en el plano institucional, se acentuaron las dudas sobre la transparencia institucional y la independencia de los poderes del Estado”.
Agrega parte del informe que “(...) se consolidó un clima de creciente hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Las expresiones del presidente Peña contra periodistas y medios críticos, así como diversas acciones de funcionarios públicos —incluyendo restricciones al acceso a fuentes, limitaciones para realizar preguntas en actos oficiales y descalificaciones públicas— motivaron pronunciamientos del Sindicato de Periodistas del Paraguay, que denunció un ambiente adverso para la libertad de prensa y el ejercicio del derecho a la información”.
“Asimismo, se identificaron patrones de presiones judiciales y administrativas contra actores vinculados a medios de comunicación críticos. El proceso iniciado contra el Banco Atlas, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos vinculados a contratos con el fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, fue señalado por la defensa como un caso de persecución selectiva, en tanto la entidad financiera mantiene vínculos con el grupo empresarial propietario del diario ABC Color”, continúa el informe de la SIP.
También describe el panorama vivido en el país señalando que “en términos generales, el gobierno enfrentó un semestre particularmente complejo, marcado por movilizaciones masivas desde febrero, encabezadas principalmente por gremios docentes en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Ejecutivo. Las protestas también incluyeron reclamos contra las denominadas jubilaciones VIP de parlamentarios, generando una fuerte presión social y amplios despliegues policiales”.
“Este escenario tuvo antecedentes en las movilizaciones promovidas desde fines de septiembre por el grupo Generación Z Paraguay y continuó en octubre con protestas por presuntos hechos de corrupción en el Instituto Paraguayo del Indígena, que derivaron en la remoción de su titular”, menciona el informe difundido el 23 y 24 de abril último.