19 de mayo de 2026

Un grupo de ciudadanos, liderado por el abogado Ezequiel Santagada, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que aclare si tiene el poder legal de sancionar a las instituciones que incumplen con la publicación de salarios y el uso de recursos públicos.

Dieron a conocer el pedido de acceso a la información a las planillas de ingreso y egreso de Mburuvicha Róga a través del portal de acceso a la información pública. El pedido se realiza luego de que se diera a conocer el caso conocido como “Los Sobres del Poder”.
La Cámara Baja volverá a ocuparse hoy de un proyecto de ley de Protección General de los Datos Personales, presentado en 2021 por diez diputados, entre ellos el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana. La iniciativa, con un propósito inicial aceptable, fue siendo cercenada por legisladores del cartismo y sus aliados, saboteando así la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental y la que obliga a informar sobre el uso de los recursos públicos en cuanto a salarios y otras retribuciones al servidor público. El Senado atenuó en algo la repudiable versión contraria a la transparencia, pero no lo suficiente como para evitar que el documento en estudio atente contra el derecho de los ciudadanos a conocer el uso dado a los fondos públicos. Para los legisladores que impulsan o apoyan la iniciativa, la ciudadanía es lo de menos; lo que les importa es cubrir con un manto legislativo el latrocinio sistemático.

La Cámara de Diputados definirá en su sesión de mañana si ratifica su versión de la ley de protección de datos personales cuyo trasfondo es matar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro punto, por ahora no se analizarán los blanqueos a intendentes cartistas.

La diputada Rocío Vallejo calificó como “súper rara” la decisión de última hora del cartismo de postergar ayer el tratamiento del cuestionado proyecto de ley de Protección de Datos Personales, que podría servir para ocultar hechos de nepotismo y otros casos de corrupción en la función pública. Existía consenso para aprobar una versión “menos gravosa” del proyecto, dijo.
Tras el prolongado debate por la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yocreo), la mayoría cartista en la Cámara de Diputados resolvió postergar por ocho días el tratamiento del proyecto de ley que en realidad “asesina” la Protección de Datos Personales. En su artículo N° 24 bloquea la Ley de Acceso a la información pública de los funcionarios.