Elvio Benítez está procesado en dos causas. En la primera, por presunta apología del delito, ya había conseguido medidas alternativas. Sin embargo, continuaba privado de libertad debido a una segunda causa por supuesta invasión de propiedad privada, asociación criminal y tentativa de homicidio, relacionada con el conflicto registrado en la estancia Lusipar.
Tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, el magistrado resolvió suspender la ejecución de la prisión preventiva y reemplazarla por arresto domiciliario en su vivienda ubicada en el barrio Los Azahares de Santa Rosa del Aguaray, bajo control de la Policía Nacional y monitoreo permanente mediante dispositivo electrónico.
Además, deberá cumplir con varias restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización judicial, no incurrir en nuevos hechos punibles y mantener comunicación permanente con las autoridades encargadas del monitoreo.
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Fianza respaldada por un concejal colorado
La resolución judicial también establece una fianza personal de G. 100 millones a cargo de Vidalino Jara Domínguez y una caución real por el mismo monto mediante el embargo de un inmueble perteneciente al concejal municipal colorado Wilfrido Aniano Duarte Ayala, quien además busca su reelección en las próximas elecciones municipales.
El juzgado dispuso igualmente la inmediata liberación de Benítez, siempre que no exista otra orden de detención pendiente en su contra.
Del conflicto Lusipar a la prisión
Benítez fue imputado por las fiscales Laura Romero y Marlene Florentín tras los incidentes ocurridos durante el conflicto por la estancia Lusipar, ubicada en Santa Rosa del Aguaray.
La propiedad, de unas 11.000 hectáreas, pertenecía al narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y actualmente se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Luego de permanecer varios meses con orden de captura, el dirigente se presentó voluntariamente el pasado 28 de abril ante la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray. Posteriormente fue trasladado a Asunción y remitido a la cárcel de Emboscada.
Audiencia clave para 29 campesinos
Mientras tanto, el proceso judicial derivado del caso Lusipar continúa avanzando. El Ministerio Público presentó acusación formal contra 29 campesinos procesados por el intento de ocupación de la estancia y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
La audiencia preliminar fue fijada para el próximo 30 de junio ante el Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, instancia en la que se definirá si los acusados deberán enfrentar juicio oral.
Los procesados enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, daños, incitación a cometer hechos punibles y tentativa de homicidio doloso.
Un conflicto que sigue abierto
Los hechos investigados ocurrieron el 5 de diciembre del año pasado, cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos intentó ingresar a la estancia Lusipar.
Durante el operativo se produjo un enfrentamiento que dejó dos policías heridos por disparos de arma de fuego, varios campesinos lesionados, daños a patrulleras y la incautación de numerosos vehículos utilizados por los manifestantes.
Con la liberación de Elvio Benítez y la inminente audiencia preliminar de los demás acusados, el caso Lusipar ingresa en una etapa decisiva dentro de uno de los conflictos de tierras más resonantes registrados en los últimos años en el departamento de San Pedro.