Los agentes fiscales Luis Piñánez y Christian Benítez imputaron por el hecho punible de apropiación, en calidad de coautoría, a un total de cinco personas, entre ellas un funcionario municipal y su esposa, junto con otros tres funcionarios del Departamento de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, en el marco del caso conocido como la mafia del asfalto.
Los imputados son Antonio Prieto Cane, funcionario de la comuna, junto con su esposa Lilian Ramona Benítez Ortiz, y los funcionarios de Vialidad de la Municipalidad de Asunción: Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo y Derlis Rubén Largo.
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De acuerdo con los datos obtenidos por la Fiscalía, los citados previamente habrían utilizado sin autorización los bienes, así como los recursos y también los insumos pertenecientes a la Municipalidad de Asunción para la realización de una obra privada de pavimentación en el predio de la empresa Condor SACI, por un valor estimado de manera preliminar en G. 100.000.000.
Los agentes fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías N° 12, a cargo de Francisco Acevedo, la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva para los ahora encausados.
Cuadrillas de la Municipalidad ejecutaron pavimentación privada
Los datos recogidos por los fiscales investigadores dan cuenta de que el 11 de julio de 2026, entre las 12:00 y las 19:00, se llevaron a cabo obras de pavimentación, consistente en el recapado asfáltico del estacionamiento que a su vez sirve de acceso al taller y al lavadero de la firma Condor SACI, ubicada sobre República Argentina y Dr. Osvaldo Chávez, de Asunción.
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La denuncia sobre el caso hace referencia a la utilización de recursos, bienes e insumos que pertenecen al patrimonio de la Municipalidad de Asunción.
La obra privada consistió en la colocación de un total de 1.254 m2 de pavimento caliente, sobre la superficie del citado establecimiento. Esta habría sido coordinada por Antonio Prieto Cane, ejecutado por una cuadrilla de unos 10 funcionarios del Departamento de Vialidad, entre ellos Juan Galván, Francisco Valenzuela y Derlis Largo.
En tanto que Lilian Benítez, esposa de Cane, habría sido la encargada de gestionar el cobro por el servicio prestado en forma irregular.
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Describe la Fiscalía en su imputación que para llevar a cabo la obra, los citados ingresaron al sitio con dos camiones tipo volquete-playero Mercedes Benz, con placas AATH 317 y AATI 096, respectivamente, pertenecientes a la Dirección de Vialidad, desde los cuales se descargó la mezcla asfáltica en caliente.
También ingresó una flota de vehículos municipales, entre ellos: una retroexcavadora marca Manitou, modelo MBL-X-920, sin chapa, usada para transportar un barril de emulsión asfáltica; así como compactador combinado marca Dynapac, modelo CC1300C; y una máquina terminadora de asfalto marca Ammann, verde, sin chapa.
Funcionario municipal presupuestó obra y su esposa cobró, según Fiscalía
En la imputación fiscal también se detalla que, en su declaración testifical el jefe de Servicios Generales de la referida empresa, Raicer Rafael Martínez, había sido encargado de seleccionar presupuestos para recapado asfáltico, en el marco de una licitación interna.
En ese contexto, siempre según el relato de Martínez plasmado en el escrito fiscal, él llegó hasta la empresa “AP – Construcciones”, mediante una publicación en el sitio web Clasipar. A partir de ahí se puso en contacto con Antonio Prieto Cane, en noviembre de 2025. En marzo de 2026, Prieto, tras constituirse en la empresa y observar el lugar que se debía recapar, le pasó como presupuesto la suma de G. 160.000 por m2.
Según dijo Martínez, seleccionó cuatro presupuestos, entre ellos el de AP - Construcciones, que finalmente fue elegido por la gerencia de la firma, por considerarla como la oferta más barata.
Es así que el lunes 6 de julio de 2026, Antonio Prieto y Liliana Ramona Benítez fueron hasta la empresa Condor, para entregar una factura por el monto correspondiente al 60% del presupuesto como anticipo, lo que equivalía a la suma de G. 84.000.000. En esa oportunidad, Benítez llenó y firmó el formulario para habilitar la orden de pago al proveedor.
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El 7 de julio, una mujer que sería Liliana Ramona Benítez se presentó y retiró el cheque emanado a nombre de la misma.
Aclaró Martínez que, cuando ingresaron las maquinarias el 11 de julio no observó ningún logotipo de la Municipalidad de Asunción, así como tampoco uniformes de los obreros.