Campos Morombí accionará contra responsables de deforestación

Son señalados como responsables el juez de Caaguazú, Carlos Giménez, el escribano Jerónimo Ricardo Vera Hitter y Carmelo Ramón Vera Ricardo, entre otros. Actualmente, el exmilitar Carlos Miranda aparece como uno de los poseedores del título de la finca 156, padrón 768, de 4.720 hectáreas, que sería apócrifo.

El abogado Víctor Peña Gamba, representante legal de la firma Campos Morombí, anunció acciones penales contra los responsables de la salvaje destrucción de la finca 259, que forma parte de la reserva Morombí, declarada como área protegida bajo dominio privado de la empresa que administra. En ese sentido, precisó que entre los principales responsables figuran: Isidro Ramírez Solavarrieta, a cuyo nombre figura el recurso de amparo otorgado por el juez de Caaguazú, Carlos Giménez, basado en un título falso.

Según el letrado Peña Gamba, el magistrado ni siquiera se dignó en verificar las condiciones de dominio de la finca 156, objeto del recurso de amparo, cuyo título mucho antes ya estaba denunciado como apócrifo. El asesor legal aseveró que el magistrado Giménez será denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones.

Asimismo, aparece Herme Alejandro Feris Gámez, a cuyo nombre la Seam expidió la licencia ambiental, a más de Froilán Velázquez y el exmilitar Carlos Miranda, que fungen de “dueños” de la finca 156 de 4.729 hectáreas, que estaría superpuesta sobre la finca 259, y parte de la reserva Morombi. Curiosamente, la finca 156 estaría dentro del distrito de Vaquería, Caaguazú, mientras que la 259 se encuentra actualmente dentro de este novel municipio. En la lista de posibles responsables del grave daño a la naturaleza aparece el escribano Jerónimo Ricardo Vera Hitter como firmante de la protocolización del título falso, según revela un informe de Dirección de Registros Públicos.

Según el acta de procedimiento de fecha 30 de mayo de 2014 del fiscal de Curuguaty, Néstor Alfredo Cañete, fueron sorprendidos dentro de la reserva Juan Domingo González Franco, Ceferino Cuevas González y Enrique Aguilera. Los mismos alegaron que fueron contratados por el presunto dueño, Froilán Velázquez. Otro involucrado sería José Soriano Miranda, que afronta el interdicto y recurso de amparo en contra, en acciones judiciales iniciadas por los herederos del extinto empresario Blas N. Riquelme, principales accionistas de la firma Campos Morombi.

Durante un procedimiento realizado el pasado miércoles, los fiscalizadores de la Seam, encabezados por Julio Mareco, hallaron dos planchas donde estaban listos más de 500 rollos de diversas especies extraídos de la reserva privada, cuyo dominio se atribuye la familia Riquelme. Asimismo, hallaron dos tractores que estarían siendo utilizados para derribar los añosos árboles.

Si bien los intervinientes no pudieron cuantificar la extensión del daño dentro de la propiedad individualizada como finca 259, de 1.155 hectáreas, los asesores legales de los presuntos depredadores se respaldaron en títulos de la finca 156 de 4.729 hectáreas, que estaría superpuesta a la finca 259, esta última dentro de la reserva privada Morombí, declarada como área protegida.

Asimismo, los depredadores exhibieron ante los intervinientes una licencia ambiental expedida por la Seam y la constancia de habilitación del Instituto Forestal Nacional (Infona), que en “teoría” avala la irracional tala de maderas, contrariando la vigencia de la Ley 2.425/04 “De Deforestación Cero” vigente hasta el año 2018 en nuestro país.

Si bien la empresa Campos Morombí, decreto 14.910 de fecha 8 de octubre de 2001 mediante, obtuvo que la propiedad de 25.000, individualizada como fincas 1.352 (20.000 hectáreas), 258 (1.176) y 259 (1.155) sea declarada como “área silvestre protegida” bajo el régimen y dominio privado.

Los fiscalizadores de Seam dispusieron la paralización de las actividades forestales en el lugar, como medida de urgencia para evitar la alteración o destrucción de la masa boscosa en el lugar. La Seam no descarta anular la anterior licencia ambiental. Si bien,el último 12 de agosto, el fiscal ambiental de Curuguaty, Benjamín Maricevich, constató al menos 12 camiones rolleros dentro de la finca en conflicto, finalmente decidió no intervenir alegando no “tener competencia” debido que la finca estaría dentro de la jurisdicción de Vaquería, departamento de Caaguazú.

Sin embargo, tras el último procedimiento, el funcionario advirtió a la Policía Nacional que no permitiera la salida de camiones transportando rollos de la propiedad. Curiosamente, alega que no tiene intervención formal en la causa, solo en tráfico de rollos en su jurisdicción.