Recientemente, el presidente Santiago Peña vetó parcialmente la ley que pretendía introducir cambios a la normativa actual que regula el sector, para introducir incentivos tributarios a los inversores del sector.
Desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles (Biocap) explicaron que el veto parcial a la Ley 7365 “no afecta el núcleo de la normativa ni su objetivo central", que es impulsar el desarrollo del biodiésel y ampliar progresivamente el rango de mezcla obligatorio.
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El presidente de la Biocap, Massimiliano Corsi, señaló a ABC que desde el punto de vista técnico, se trata de un ajuste para evitar ampliaciones de beneficios que no están vinculados al proceso productivo y que, además, según indicó, ya se encuentran contemplados en regímenes vigentes como la Ley 60/90 (por ejemplo, las cuestiones tributarias y fiscales).
“El sector opera con un techo”
En ese sentido, afirmó que el sector opera actualmente con un “techo” del 5% de mezcla y, con ese porcentaje, aseguró que la industria no puede escalar ni aprovechar plenamente su capacidad instalada. Actualmente se tiene el 30% de aprovechamiento, dijo.
“Justamente, esta ley introduce un rango flexible de 5% mínimo a 20% máximo, que permite acompañar el crecimiento del sector, generar economías de escala y avanzar hacia una mayor competitividad”, indicó.
Para Corsi, con la mayor escala de producción, se pueden lograr precios más competitivos, lo que fortalecerá la sustitución de importaciones y mejorará la seguridad energética del país, algo especialmente relevante en el actual contexto geopolítico, resumió.
“Sin escala no hay eficiencia, y sin eficiencia no hay una industria sólida y sostenible. Actualmente nuestra prioridad es que el Parlamento se pronuncie a la brevedad, para que la ley pueda seguir su curso y brindar previsibilidad al sector”, añadió.
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El estudio parlamentario
La iniciativa tuvo origen en la Cámara de Senadores, entre tanto, la Cámara de Diputados sancionó el 17 de marzo pasado la norma que introduce cambios sustanciales al régimen de promoción del biodiésel vigente desde 2019.
Se trata de la Ley 7365 (sancionada pero vetada parcialmente), que modifica los artículos 5, 10 y 15 de la Ley 6389/19 “que establece el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria del biocombustible”. Se relaciona a aspectos tributarios incluidos en el artículo 15, inciso a), vinculados a beneficios sobre financiamiento y servicios técnicos, según informaron desde la Biocap.