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El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) prevé que este fenómeno tendrá repercusiones sociales, económicas, ambientales y políticas sin precedentes.
Y es que hoy, el cambio climático constituye la mayor amenaza de nuestro tiempo, tanto para la seguridad alimentaria como para la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Procesos como la pérdida de la diversidad biológica, deshielo de glaciares, incremento del nivel medio de los mares, reducción de disponibilidad de agua dulce, erosión y desertificación en algunas regiones, e inundaciones en otras, se intensifican con este fenómeno.
Los pequeños agricultores son aliados claves en la mitigación del cambio climático, a través de la captura de dióxido de carbono en sus sistemas productivos y porque utilizan técnicas productivas con baja demanda de insumos, como los fertilizantes nitrogenados. Además, son importantes aliados para la conservación de la agrobiodiversidad, más allá de su rol clave en la seguridad alimentaria y nutricional. Lamentablemente, los agricultores familiares están siendo fuertemente afectados por el cambio climático, y las pérdidas y daños ocasionados, tienen elevados impactos socio-económicos que afectan su bienestar.
En América Latina y el Caribe, el 90% de las explotaciones pertenece a alrededor de 60 millones de agricultores familiares, convirtiéndose así la agricultura familiar en la principal fuente de ocupación laboral agrícola y rural de la región.
No solamente produce la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países, sino que usualmente es clave en la reactivación de las economías rurales, generando estabilidad y arraigo social y nuevos horizontes de desarrollo. Una agricultura familiar saludable es indispensable para el progreso de las naciones.
Sin embargo, existe una creciente escasez de recursos naturales para la agricultura familiar, especialmente suelos y agua, ya sea por su degradación, por la apropiación de otros sectores o por su utilización con otros fines. Para hacer frente a dicha escasez y lograr mayores niveles de inclusión y equidad social, es de fundamental importancia socializar el acceso a los recursos, incrementar la productividad y adoptar, al mismo tiempo, modelos productivos más sostenibles.
Para esto, los cambios tecnológicos asociados al desarrollo digital, por ejemplo, tienen que llegar a los agricultores familiares. Para ilustrar, se estima que la utilización de sensores en los sistemas de riego podría generar un ahorro de 50% en el uso de agua, o lo que sucede con la agricultura de precisión en la aplicación de agroquímicos, en donde las dosis se han reducido hasta en 60% en algunas regiones y cultivos. El uso de maquinaria más liviana y automatizada, controlada a distancia, permite reducir la compactación del suelo.
Vivimos en un mundo de interdependencia y amplia comunicación. La innovación tecnológica digital en este ámbito, podría conectar a los agricultores familiares con el mercado, o permitir que reciban asistencia técnica remota, por ejemplo, para la identificación de plagas y enfermedades en sus cultivos, o recibir información en tiempo real sobre condiciones ambientales locales y recomendaciones para reducir los riesgos agroclimáticos.
Por su importancia para la seguridad alimentaria y nutricional, para la lucha contra la pobreza y el uso sostenible de los recursos naturales, que son mandatos de FAO, nuestra organización busca posicionar a la Agricultura Familiar en el centro de las políticas públicas agrícolas, e integradas con las políticas sociales, económicas e incluso ambientales, identificando desafíos y oportunidades para su desarrollo equitativo y equilibrado. También buscamos impulsar un amplio debate y la cooperación en los niveles nacional, regional y mundial, para incrementar la atención y la comprensión de los desafíos que enfrentan los pequeños agricultores, ayudando a identificar formas eficaces de apoyo.
Para que estos avances sean posibles, se requiere un entorno de políticas y leyes favorables al desarrollo del sector, y el fortalecimiento de la institucionalidad para la Agricultura Familiar. Y en este punto, sería alentador la aplicación de la Ley 6.286/19 “De Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina”, que, entre otras cosas, dará pie a la creación del Consejo Interinstitucional de la Agricultura Familiar Campesina integrado por dichos agricultores e indígenas, y las instituciones vinculadas con el sector. Además, es urgente la institucionalización del Viceministerio de Agricultura Familiar creado en la Ley. Se trata de una acción estratégica, que no solo beneficia a los agricultores familiares, sino a toda la población que diariamente necesita alimentos variados, inocuos, nutritivos y a precios aceptables, los cuales provienen, mayoritariamente, de la Agricultura Familiar.
La premisa básica que comparten estas necesidades de desarrollo tecnológico digital y de fortalecimiento de la institucionalidad para la Agricultura Familiar, es la total convicción que, con el apoyo necesario, los agricultores familiares podrán cumplir su rol como actores principales en el doble reto de mejorar la seguridad alimentaria y conservar los recursos naturales, y podrán vivir en mejores condiciones, como todos merecemos.
Jorge Alberto Meza Robayo, Representante FAO en Paraguay