La incredulidad era lógica, considerando que históricamente la institución se manejaba como una aristocracia criolla, una mezcla de parientes y recomendados enchufados al presupuesto a través de sus padrinos.
Al igual que las demás instituciones del Estado, es cierto, aunque en este caso con el rasgo de ver cómo se repetían más frecuentemente apellidos y conexiones familiares, de quienes se consideraron con derechos de heredarnos su prole administrativamente.
Por eso, pese al escepticismo, fue interesante observar cómo se iban dando los primeros concursos, parar comprobar si era posible ir rompiendo esa lógica prebendaria que convierte en deudores de favores a quienes llegan a los cargos mediante recomendaciones.
Pasaron dos décadas. Y por lo expuesto previamente, fue muy reconfortante escuchar esta semana el testimonio de Teresa.
Teresa Aliende vivía en Cecilio Báez, ese pequeño distrito del departamento de Caaguazú, de poco más de 8 mil habitantes.
Hija de una modista y un olero, Teresa sentía mucho interés por el derecho internacional, aunque no se permitía aspirar a ello.
“Jamás soñé con ser diplomática, siempre me limité a soñar cosas posibles… pensaba como muchos otros que los cargos diplomáticos estaban reservados a aquellos que tenían vinculaciones políticas” expuso, durante una audiencia pública en la que los senadores discutieron esta semana un proyecto para modificar la Ley 1.335/99 del Servicio Diplomático y Consular.
Teresa estudió Derecho en Coronel Oviedo, hasta donde llegaba todos los días tras algunas horas de viaje. Tras un fallido primer intento de presentarse al examen abierto para ingresar al escalafón diplomático de la Cancillería, se propuso hacerlo otra vez unos años más tarde.
En el 2015 se presentó nuevamente, invirtiendo más tiempo y dinero que pudo obtener, trabajando como manicurista a domicilio y vendedora. Ingresó en segundo lugar, y hoy es segunda secretaria y jefa de departamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Quería ser diplomática y quería serlo libremente” les dijo a los senadores, pidiéndoles que no modifiquen la ley que establece el sistema de acceso a través de exámenes anuales abiertos a todo el público.
El tema forma parte del debate sobre este proyecto de ley presentado por un grupo de senadores, que entre otras cosas faculta al Ejecutivo a incorporar al Escalafón Diplomático y Consular, en el rango y antigüedad que posean, a todos los funcionarios permanentes del Ministerio, nombrados hasta el 31 de diciembre de 1999, que se encuentren prestando servicios en la Cancillería o en el servicio exterior.
Todo esto con la previa recomendación de una Junta de Calificaciones, integrada entre otros, por los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso.
Con el argumento de que la Cancillería es la institución más privilegiada que tiene la República del Paraguay, la senadora Lilian Samaniego es una de las firmantes.
Samaniego alega que la ley está atrapada en el pasado, y que desde hace dos décadas genera privilegios y desigualdades, acomodos y derroche.
Pero sin discutir el origen histórico de los privilegios y desigualdades en la Cancillería, la preocupación se centra en el examen para el acceso a la carrera diplomática, una oportunidad para generar funcionarios de espíritu independiente, que accedan por sus propios méritos y capacidades, sin deberle favores ni pleitesías a ningún padrino.
Los concursos de ingreso, justos y exigentes, son el camino para institucionalizar al Servicio Exterior paraguayo.
El resto es simple excusa para volver a pegarle un manotazo a esos cargos que hoy escapan del prebendarismo, ese que vino destruyendo históricamente toda posibilidad de construir instituciones en serio.