Criminalización del periodismo

Preocupación y miedo. En eso se resume el fenómeno que padece la prensa latinoamericana en general y paraguaya en particular. Las autoridades puestas en evidencia con investigaciones respaldadas en documentos respaldatorios han encontrado en el sistema judicial un nuevo instrumento para acorralar a periodistas interponiendo demandas y pedidos infames.

A saber, en Nicaragua la Fiscalía había citado a periodistas en calidad de entrevistados en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Pero una vez en el lugar María Lilly Delgado (corresponsal de Univisión), y dos exfuncionarios de dicha fundación, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, dichos periodistas fueron notificados que pasaban de ser testigos a imputados en las investigaciones por el supuesto delito de lavado de dinero.

Al enterarse de tal cosa, se abstuvieron de declarar sin la presencia de un abogado defensor a lo cual siguieron las amenazas jurídicas por su “mal comportamiento”. En Paraguay no estamos muy lejos de tener un régimen judicial abusivo con una sucesión de demandas y pedidos absurdos de los demandantes, que, en algunos casos tienen libre trámite en el sistema.

La criminalización del periodismo en Paraguay es un fenómeno que contraviene el principio constitucional consignado en el Artículo 26 De la Libertad de expresión y de prensa que garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna (...) “No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa”.

¿Desde cuándo una investigación periodística se ha vuelto un delito común? El poder tras el poder busca amedrentar con esta ristra de demandas la libertad de prensa y el derecho a informar de manera responsable.

Es así que nuevamente el colega Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, fueron puestos en el ojo de la tormenta judicial con una nueva demanda y un absurdo pedido presentación de declaraciones juradas y liquidación del IRP de los mismos y de familiares de esta a raíz de una publicación en la que los afectados no tuvieron mejor forma de “defenderse”, atacando a quienes los pusieron en evidencia.

A ellos se suma la persecución de la cual es objeto la colega Lía Barrios por sus investigaciones sobre el manejo de los bienes de la Municipalidad de Asunción.

Hasta el cansancio hemos repetido que la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, sin ella, lo que tenemos es simple y llanamente una dictadura y la dictadura, sabemos, es lo más nefasto que le puede suceder a la prensa y a la ciudadanía. ¿Se permitirá este Gobierno agregar esta presea a su nefasto palmarés?

Lo
más leído
del día