Los datos, estadísticas y reflexiones que se suceden en el estudio son interpelantes y plantean con contundencia la doble trampa en la que la región se encuentra sumida, el círculo vicioso en el que está atrapada y del que no podrá salir si no comprende su naturaleza y complejidad. Tres factores son presentados como críticos: la concentración del poder, la violencia en todas sus formas y los elementos de diseño de los sistemas de protección social y de los marcos regulatorios de los mercados laborales.
El análisis que realiza el estudio y la irrebatible exposición de datos son atrapantes, presentando con rigurosidad y de manera coloquial distintos escenarios de una América Latina que preocupa; pero a la vez, dando pistas y alimentando una mirada propositiva que invita a la acción y a tomar medidas asertivas para que la región -nuestra región- desarrolle todo su potencial.
Ante tanta información reveladora y contundente, resulta difícil elegir un aspecto para discutirlo y analizarlo. Sin embargo, no pude evitar sentirme particularmente interpelada por uno: la desigualdad. Como bien lo plantea el estudio, no solo se debe atender y enfrentar la desigualdad e injusticia existentes en la región, sino que, además y muy especialmente, hay que considerar las percepciones que tiene la ciudadanía en relación a las mismas. Según refiere el IRDH, estas percepciones juegan un papel fundamental, moldean posturas políticas y pueden ser claves ante las reformas estatales necesarias y deseables para ser realmente una región desarrollada, justa, resiliente, que no deje a nadie atrás.
América Latina y el Caribe sigue ocupando el segundo lugar en el ranking de regiones más desiguales del mundo. Y no se puede atribuir esto de manera exclusiva a su nivel de desarrollo; la investigación deja evidencia de países que tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares.
De hecho, más allá del ingreso, otras formas de violencia persisten obstinadamente. Las brechas de género en cuanto a la participación laboral y horas de trabajo no remunerado dedicadas a actividades de cuidado, por ejemplo, dejan a las mujeres en clara situación de desigualdad. Lo mismo ocurre con las minorías étnicas que difícilmente son tenidas en cuenta como actores relevantes en el plano económico y político. Es indiscutible también la discriminación en diferentes ámbitos que sufren las personas LGBT, que las confinan como víctimas de violencia en proporción mayor a otros grupos de personas de la sociedad. Estas desigualdades persistieron e incluso se han profundizado para estos sectores con la pandemia por Covid 19.
Si Paraguay y América Latina quieren escapar de la trampa en la que están sumergidos, resulta fundamental seguir haciendo esfuerzos para desconcentrar el poder y llevar adelante políticas públicas más resilientes y efectivas.
La seguridad social universal surge como una de las estrategias más oportunas, que podría constituirse, según el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, en “el instrumento más eficaz para obtener la voluntad para la construcción de países con prosperidad económica y verdadera justicia social”. En el mismo sentido, el Director Regional del PNUD, Luis Felipe López Calva, aseguró que “tenemos un contrato social fragmentado y necesitamos programas de protección social universales, amigables al crecimiento y fiscalmente sostenibles, que se financien de la misma fuente”.
Hoy, más que nunca, redoblamos nuestra apuesta para apoyar al Paraguay en la definición de soluciones sistémicas que pongan a las personas en el centro del desarrollo. Seguimos trabajando por una América Latina y un Paraguay más justos y equitativos.
Representante Residente del PNUD en Paraguay