En este país de contradicciones roban asaltantes y gobernantes. Quienes juran “por Dios y la Patria” defender la Constitución son quienes más atentan contra ella. El término “chorro” iguala a estamentos que debieran ser diferentes: motochorros y dipuchorros. Y en nuestra lengua cotidiana, la palabra “polibandi” deslegitima a la institución policial.
Es difícil hablar de cultura democrática. Tuvieron que pasar 115 años desde aquel 1811 hasta 1926 en que tuvimos los primeros comicios presidenciales con dos candidatos. Y luego 37 años más para que en 1963 hubiera otra votación con más de un candidato. Y en ninguna de esas oportunidades el oficialismo corrió el riesgo de perder. Hasta 1989 a presidente se llegaba a sangre y fuego o por mera designación intrapartidaria.
Eso se daba porque nuestro analfabetismo moral nos llevaba a establecer que partido, gobierno y Estado eran una misma cosa. El que llegaba al poder era dueño de todo y distribuía porciones de mando entre sus conmilitones de modo que el correligionario tuviera su cuota de dominio prepotente y se convirtiera en cómplice. Este sistema se vigorizó durante el régimen de Higinio Morínigo (1940 – 1948) y se metodizó de 1954 a 1989. Y sigue hasta hoy como Juanito el Caminante: tan campante.
El botín es el Estado; el instrumento para abordarlo es el gobierno, y la plataforma para llegar al gobierno es el partido (se han sumado varios partidos en la comilona).
La vigencia de instituciones sanas es un obstáculo para este sistema. Las fuerzas inmorales invadieron los partidos y horadaron los poderes del Estado. Así tenemos hoy: un Ejecutivo inepto, un Legislativo impúdico y un régimen Judicial desvergonzado.
La institucionalidad se desmorona cuando la organización judicial se corrompe. Ello mata la igualdad ante la ley al pasar esta al servicio de los inmorales.
El Paraguay vive la tragedia de que la falta de institucionalidad está amarrada a la siniestra estructura judicial, en la que lo legal se halla muy lejos de lo justo. El Ministerio Público pareciera privatizado y los magistrados sirven más a la impunidad delincuencial. Los sinvergüenzas hacen que incluso perdamos soberanía y el asesor legal residente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret, vigila indisimuladamente el juicio a Oscar González Daher para que no le concedan el profetizado blanqueo.
El sistema gubernamental paraguayo fue pervertido para robar. Por ello hoy la institucionalidad es solo un objeto de deseo de la ciudadanía. Los que mandan la aborrecen. Para el 2023 debemos buscar nuevas fuerzas que promuevan legítimamente la vigencia de las instituciones democráticas.