¿Preso sãmbuku?

La detención del recluso Richard Darío Benítez Pereira (31) en la cárcel regional de Ciudad del Este tuvo mucha repercusión en estos días. Se trata de un reo que tenía permiso judicial para salir los fines de semana y se dedicaba a asaltar. Esto generó debate de todo tipo sobre la figura de la “libertad transitoria”, contemplada en el Código de Ejecución Penal del Paraguay.

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La salida transitoria es una autorización judicial a favor de una persona privada de su libertad para que salga del recinto penitenciario por algunos días, cada semana. Tiene la finalidad del afianzamiento de sus vínculos familiares y sociales o su participación en programas específicos. Sin lugar a dudas, el objetivo de esta medida es más que loable y sobre todo una gran oportunidad para que una persona privada de su libertad tenga la motivación suficiente de mejorar su comportamiento para así gozar de este beneficio.

En el caso de la persona detenida el jueves pasado, en el expediente, no hay más que informes favorables, remitidos desde la cárcel y con eso justificaron su salida. Al parecer estas referencias estaban lejos de la realidad, pues el beneficiado fue grabado por una cámara de circuito cerrado cuando perpetró un asalto en Presidente Franco.

Al indagar sobre el reo se pudo determinar que tenía un largo historial como asaltante y fue sentenciado a 23 años de cárcel, por matar a una joven para robarle.

Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que solo dos personas de los más de 1.600 internos de la cárcel de Ciudad del Este fueron beneficiadas con esa medida. ¿Con qué criterio eligieron a estas dos personas? ¿por qué no se beneficia a otras personas’, ¿por qué los jueces se niegan a conceder esta medida’, según como afirman los abogados de la zona y lo confirman las escasa cifra de beneficiados. Esto es una prueba más de que nuestro sistema judicial solo funciona en los papeles, y en la realidad está muy lejos de cumplir con sus fines.

Lastimosamente nuestros jueces se guían por la presión mediática, política y social o en los peores de los casos, están movidos por intereses económicos. Nuestra legislación penal es una de las más completas, lastimosamente no se aplica como se debería, y el resultado es que cada vez más estamos rebasados por la delincuencia.

La privación de libertad se ha convertido en un mero castigo y hasta en un negocio para los corruptos pero está lejos de cumplir con su finalidad que es la proteger a la sociedad y la reinserción social del que haya cometido algún crimen o delito.

Tereza.Fretes@abc.com.py

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