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Este artículo tiene 3 años de antigüedad

El concurso por la terna para el cargo que dejó Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia dejó al descubierto situaciones anómalas.

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La polémica se marcó desde el inicio cuando quedó al descubierto el extravío de un cuadernillo de examen que, de ninguna forma, podía desaparecer de la sala asignada para el test. Un bochorno, porque ocurrió en un examen que tenía como protagonistas a doctores en Derecho.

La actuación de los consejeros durante las votaciones tampoco fue la mejor.

Los consejeros Jorge Bogarín Alfonso y Gustavo Miranda, quisieron favorecer a Marco Aurelio González, pese a que claramente estaban ligados a este postulante.

El consejero César Ruffinelli, decano de Derecho de la Universidad Católica, innecesariamente avaló años de docencia a Esteban Kriskovich.

Innecesario porque Kriskovich no precisaba de esa aval para acceder a la Corte, porque su trayectoria de por sí ya le daba esa posibilidad.

Al final estos consejeros lo único que hicieron fue perjudicar a sus candidatos.

Innecesario también fue el manoseo a Ruben Romero, el elegido por el oficialismo colorado y con apoyo de un sector de la oposición. Iba convertirse en el candidato de consenso político, como lo fue Emiliano Rolón Fernández para la fiscalía general, impulsado por el mismo grupo.

Empero, ante esta situación de injerencia política en el concurso, reaccionaron los consejeros Óscar Paciello y Pedro Santa Cruz, de quienes se podría destacar su postura institucionalista, pero no la coherencia con que obraron y la forma en que manosearon al postulante.

Paciello y Santa Cruz, en sesión, alabaron las virtudes de todos los postulantes. Sin embargo, ante la prensa el presidente del Consejo de la Magistratura dijo que bajo ningún contexto votaría por Romero y el legislador fue más allá, al señalar que el cartismo estaba detrás del referido postulante, sin fundamentar sus aseveraciones. A veces, el silencio es más prudente que el vedettismo.

A esto hay que sumar que un concurso con un sistema de puntaje no tiene sentido alguno si no se va tener en cuenta, en absoluto, el resultado. Los postulantes se someten a un examen a pesar de ser doctores en Derecho y a audiencia públicas bajo el riesgo de ser víctimas del escarnio público. Al final, el hecho de llegar a un alto puntaje sirve de poco o nada. Ninguno de los cuatro primeros fue ternado.

Y la gota que colmó el vaso se dio al día siguiente del final de este concurso; el gobierno de los Estados Unidos sancionó por supuesta corrupción al consejero Jorge Bogarín.

Lo que mal empieza, mal acaba.

ocaceres@abc.com.py

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