28 de agosto de 2026
La Corte Suprema de Justicia, a través de un dictamen de su Dirección de Asuntos Jurídicos, terminó por “blanquear” dos casos que ponen en evidencia, una vez más, los vicios estructurales que corroen a las instituciones paraguayas. Por un lado, la esposa del ministro Luis María Benítez Riera, María Verónica Sienra Bertón, ocupa el cargo de directora general de Garantías Constitucionales y percibe unos 22 millones de guaraníes mensuales, sin título universitario. Por el otro, la nuera del ministro Alberto Martínez Simón, Analía Belén Carrillo Servín, disfruta de un permiso con goce de sueldo –alrededor de 11 millones– para capacitarse en Europa. El dictamen sostiene que la idoneidad “no se identifica necesariamente con un título universitario” y que la trayectoria de la funcionaria, iniciada en 1998, justifica su ascenso. En el caso de la nuera, se argumenta que el permiso es un instituto general regulado por acordadas, no un privilegio reservado a allegados. Técnicamente, las resoluciones pueden aferrarse a vacíos normativos. Pero la sociedad no se conforma con tecnicismos. Exige responsabilidad ética y también legal. Porque como dice el viejo adagio: “no solo hay que ser, también hay que parecer”.
La ciudadanía que acude al Poder Judicial no busca favores ni privilegios. Busca certeza. Busca que quien resuelve sus conflictos, interpreta la Constitución o administra los recursos públicos lo haga con autoridad moral y técnica. Esa certeza se resquebraja cuando en la propia cúspide del sistema aparecen irregularidades que no se aclaran con transparencia y prontitud. El caso de María Verónica Lina Sienra Bertón, esposa del ministro Luis María Benítez Riera y directora general de Garantías Constitucionales del Poder Judicial, exige una respuesta clara, pública y definitiva. No por animosidad personal de nadie, sino por una cuestión elemental de seguridad jurídica. La funcionaria percibe un salario superior a los 22 millones de guaraníes mensuales. Sin embargo, la propia Corte Suprema ha reconocido que su escolaridad no figura registrada en el Sistema de Legajos. En su declaración ante la Contraloría consignó nivel secundario. En los registros del Poder Judicial se consignó, por un supuesto “error material involuntario”, la categoría de “universitario”. Esa contradicción no es un detalle administrativo menor. Es el punto de partida de una duda legítima sobre el cumplimiento del requisito de idoneidad que la Constitución exige para el ejercicio de la función pública.

El caso de la esposa del ministro Luis María Benítez Riera, la directora general de Garantías Constitucionales María Verónica Sienra Bertón; amerita una investigación por sospechas de privilegio, nepotismo o tráfico de influencias, según la activista anticorrupción María Esther Roa. La alta funcionaria del Poder Judicial no tendría idoneidad para el cargo, considerando que carece de título universitario, como los demás directores generales e incluso directores.

La esposa del ministro Luis María Benítez Riera y directora general de Garantías Constitucionales del Poder Judicial, María Verónica Lina Sienra Bertón, cobra un salario superior a G. 22 millones por mes. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no registra su escolaridad en el Sistema de Legajos, por lo que varios gremios y abogados piden su remoción y juicio político a los ministros que avalan dicha irregularidad.

El Registro Unificado Nacional (RUN) dio a conocer la reserva de combinaciones de letras para el Cuerpo Diplomático, el Cuerpo Consular y organismos internacionales. La medida busca ordenar y homogeneizar el parque automotor acreditado.

La Corte Suprema de Justicia confirmó en el cargo al fiscal Deny Yoon Pak, asignado a la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado. La ministra María Carolina Llanes destacó la valentía del agente fiscal, quien impulsó la acusación contra el condenado exsenador colorado Erico Galeano y lleva actualmente el juicio del caso A Ultranza.