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Desde la semana pasada los productores de tomate vienen denunciando que fueron abandonados a su suerte y miles de kilos se están pudriendo en las fincas porque no pueden vender, debido a que el mercado está saturado de la hortaliza ingresada de contrabando desde la Argentina.
Lo poco que venden, con suerte, colocan a G. 50.000 la caja de 20 kilos, sin contar el precio de la caja de cartón personalizado que tiene un costo de G. 7.500 cada una. Según el cálculo, comercializan a G. 2.125 el kilo, mientras el costo de producción es G. 3.500 el kilo en finca. Los productores están perdiendo unos G. 27.500 por cada caja de tomates vendida, según explicaron.
Es bien sabido que la economía de las pequeñas y grandes ciudades del interior del país dependen en gran medida de la producción agrícola. Si los productores tienen buena venta, hay circulante y el impacto positivo se refleja en el sistema económico.
Sin embargo, la crítica situación al parecer les importa poco o nada a las autoridades de turno, para quienes prima “el interés particular sobre lo general”.
Saben quiénes son los contrabandistas, pero todo lo solucionan con un buen “apretón de manos” y en “son de amigos”. Mientras, los sacrificados agricultores sufren las consecuencias.
Los representantes de los productores nacionales denuncian que todas las autoridades del MAG y de la UIC mantienen “teléfono cortado” con ellos, es decir, ya no les atiende, les ignoran.
Las autoridades de turno tienen que entender que las buenas condiciones de desarrollo de la producción agrícola es indispensable para la economía del país, principalmente para el bienestar de las familias rurales.
Por su parte, los agricultores paraguayos deben unir fuerzas para exigir con vehemencia al MAG, a la UIC, Senave, Aduanas y otras entidades, velar con eficiencia por los intereses de nuestro país.