La zona están ubicada en un privilegiado lugar conocido como “Jardines de Remansito”, ejemplificando como toda la estructura del Estado es utilizada para custodia de los bienes de quienes gozan del poder para sostener sus privilegios, a costa del pueblo paraguayo.
Hasta ahora no se ve ninguna acción por parte de las instituciones correspondientes, siendo que ya es un hecho de público conocimiento, tras conocerse la sanción ficta, luego de una maniobra de uno de los proyectistas, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, quien movilizó a la bancada de Honor Colorado para dejar sin quórum la sesión.
Sin embargo, el mismo apático accionar no es común cuando se trata de campesinos o indígenas. Este año fueron condenadas 16 personas por invasión de inmueble ajeno, relacionado a la ocupación de una propiedad del Instituto Forestal Paraguay, como también 7 indígenas fueron detenidos en Alto Paraná.
Santiago Peña, presidente de la República, en un atisbo de coherencia adelantó su posición de vetar el polémico despojo. Ninguna otra autoridad hasta ahora no tomó la determinación para acabar con la debilidad institucional, aprovechada para proteger los privilegios de pequeños grupos de poder, como se da en este caso.
Los impulsores de la ley Riera-Zavala, que elevaba la pena de invasión de tierras hasta a 10 años de cárcel, convirtiéndose en un crimen, se llenaban la boca contra los “invasores criminales”, hoy se allanaron a un sospechoso silencio cómplice, evidenciando que para ellos solo los pobres son criminales.
Hay 3.336 familias cercanas a la dictadura stronista que se apropiaron de casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Hasta el momento, ninguno fue ni siquiera molestado al respecto, obteniendo libremente el manto de la impunidad de sus socios y amigos de negocios, quienes copan las instituciones del Estado.
Mientras que la justicia no sea para todos, terminará convirtiéndose en una herramienta para proteger a los poderosos y oprimir a los débiles.