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Los fiscales Osmar Legal y Francisco Cabrera, documentaron al menos 28 casos de extorsiones en la unidad fiscal número 1 de San Lorenzo, en donde también fueron acusadas como cómplices del esquema de aprietes y coimas, la asistente fiscal Christi Magalí Ortega y la secretaria fiscal Griselda Acha Alcaraz.
Ambas, según los fiscales, consolidaban con la fiscal Girala, un tridente que extorsionaba a personas procesadas y con carpetas fiscales abiertas en esa unidad.
En el caso inicial, que sirvió como punta de lanza para horadar el esquema de corrupción en esa oficina, también fueron acusadas e irán a juicio las abogadas Liz Martínez Robles y Nélida Alcaraz Bogarín, mientras debe definirse la situación judicial del abogado Marcos Velazco Mendoza.
Todo comenzó con la denuncia de un hombre, al que le exigieron 25 millones de guaraníes para no acusar a su hijo en una causa por tentativa de homicidio doloso.
Los fiscales hicieron un seguimiento de la negociación en la causa que afectaba a su colega, y algunos días más tarde realizaron una entrega vigilada en la propia sede de la unidad fiscal.
Lo que vino después fue la constatación de que esa unidad funcionaba como una máquina de picar carne.
El acceso al contenido de los teléfonos de la fiscal y sus asistentes, permitió confirmar no solo que ella era quien personalmente dirigía la negociación con el padre del procesado, sino que además existían muchas otras causas de aprietes similares, pudiéndose documentar unas 28 en total desde setiembre del año pasado.
“En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría fiscal de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres” sostiene la acusación.
El documento conclusivo es todavía más gráfico al afirmar que “la agente fiscal Ana E. Girala López, se encargó de determinar en qué causas penales se podrían realizar “negociaciones” de acuerdo al perfil de cada usuario del sistema de justicia o en su caso, de acuerdo a quién era el abogado que intervenía en las mismas.
Una vez que determinaba las causas, la misma fijaba el “precio” de su trabajo, que podría incluir desde la recepción de pedidos de allanamientos en los turnos, una salida procesal, entrega de rodados, formular imputación o así también, realizar diligencias propias de las causas penales como cualquier otra actividad propia de sus funciones” sentencia el documento.
Pero quizás lo más obsceno e insultante de todo el esquema de aprietes, es el observar el tono de las conversaciones con el que las funcionarias y las abogadas se referían de forma denigrante a sus víctimas, haciendo referencia a su obesidad, su condición socioeconómica o su nivel educativo, burlándose con términos como “carachento” o de “familia gordo obeso” hacia aquellos a quienes les exigían dinero a cambio de salidas procesales, haciendo que suene hasta pintoresco el “me conformo con una parrilla o con mi mesa de lapacho para mi quincho” de uno de los mensajes enviados por Girala a su asistente fiscal.
Es que si el sistema de justicia funciona, y hay por ahí alguna mesa de lapacho, ésta debería pasar a integrar el patrimonio de alguna de las cárceles de mujeres en el país.