Se los entendía como eventos muy relevantes, por la urgencia de encaminar cambios profundos, para un país con casi dos millones de personas viviendo en la pobreza, con una marcada desigualdad acentuada por la dificultad de acceso a derechos básicos, como salud, educación y trabajo; con un sector energético que requiere inversiones millonarias para sobrellevar la demanda de energía de los próximos años, sin siquiera haber logrado garantías reales para una industrialización que permita generar trabajo digno para las miles de personas sin empleo y con empleo informal.
La cruda realidad
¿Por qué es tan importante Itaipú? Es una represa con una superproducción energética, gracias a un recurso que pertenece a los ciudadanos de Paraguay y Brasil.
El país necesita sacar mayores provechos de sus recursos, mientras tenga ese tipo de excedentes de producción, porque existen más de 1.800.000 personas que pasan hambre y porque en educación sigue habiendo una inversión por debajo de la media regional como porcentaje de PIB (sin tener en cuenta la corrupción reinante).
Porque no es coincidencia que, una vez más, la educación paraguaya tenga otro aplazo en casi todas las ciencias del sistema, según las últimas pruebas PISA (Programa Internacional para el seguimiento de los Alumnos). Además, hay casi 200.000 personas sin empleo, atendiendo a que el 70% corresponde a trabajadores informales.
Por estas y más razones, la ciudadanía no debe permitir que solamente unos pocos sean (o sigan siendo) los beneficiados con las rentas generadas por la Itaipú.
¿A lo que diga Brasil?
En lo que respecta a Itaipú: era el año más esperado de los últimos tiempos, pero termina la vuelta al sol sin muchas luces en torno a posiciones ganadas y estrategias implementadas.
Va terminando el 2023, sin siquiera haber cerrado acuerdos sobre la tarifa a implementar en el 2024. La intención del gobierno actual es la de aumentar dicha tarifa para tener mayor disponibilidad de recursos en la carpeta de “Gastos Sociales”.
Pero esto no es una estrategia, porque no existen mecanismos, hasta hoy día, que transparenten el uso de esos fondos. Además, la tendencia (según lo mencionado por varios especialistas) es que se mantendrá el valor cerrado en el mes de abril (USD 16,71 el kW/mes), con el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Prácticamente, se camina hacia el mismo sentido del gobierno anterior, de ver la tarifa como un todo, mientras se pierde el casi todo de los beneficios posibles.
Lo que más se tiene es lo que menos se utiliza
El sector energético en el Paraguay, demarcado por un amplio dominio de oferta renovable, en las últimas décadas ha estado caracterizado por el desorden administrativo de las opciones de recursos.
Teniendo, actualmente, una disponibilidad en hidroenergía en orden del 40% del total de oferta energética disponible; de manera increíble, más del 90% de esa forma de energía (más económica y limpia que todas las demás) se termina cediendo, para el desarrollo de otros países, vía Brasil y Argentina.
En contrapartida, se sigue importando un gran volumen de derivados del petróleo (39% del consumo total), cuyos precios son muy difíciles de controlar. Además, se sigue utilizando en gran volumen biomasa no regulada (41%), significando, muchas veces, destrucción de bosques, entre otras consecuencias terribles a largo plazo.
Todo está interconectado
En vez de concentrar todos los esfuerzos en la tarifa (para que, probablemente, se mantenga igual), hubiera sido totalmente lógico encaminar las negociaciones en sintonía a las necesidades de desarrollo del país.
Aún con más razón si se tiene en cuenta los antecedentes históricos: unos pocos millonarios, entre empresas y financistas extranjeros, con aliados connacionales, y, en contraste, los pueblos de ambos países que fueron excluidos de muchos beneficios, generando otras barreras a los cambios que urgen en el contexto de la realidad social.
Por todo esto, era y sigue siendo necesario generar consensos a nivel nacional, donde mínimamente se tenga disponibilidad de opciones para la energía paraguaya (si hay energía barata, que se retire, se utilice o se venda a buen precio o si la renta se logra a partir de la inyección en la tarifa, que por lo menos sea un gasto transparente, por ejemplo).
También, que las cuentas estén claras en cuanto a la súper deuda histórica y, a partir de eso, lograr mecanismos convincentes para administrar los millonarios recursos económicos que se generan con la hidroeléctrica.
No se puede hablar de que todo está perdido, pero con el correr de estos meses, si se sigue con la misma estrategia de no preparar estrategias, que, sobre todo, brinden información clara a los ciudadanos sobre lo que se quiere hacer, se irá retrocediendo pasos mientras se regala soberanía.
*Joel López es Ingeniero Electricista por la Universidad Nacional de Asunción. Docente y trabajador del sector energético, en el ámbito privado. Integrante de la Campaña Itaipu ñane mba’e / @itaipunanembae