Cargando...
Es una verdad de perogrullo que el Ministerio de Interior y la Policía Nacional tienen la responsabilidad institucional de velar por la seguridad de la ciudadanía en general. La de garantizar las condiciones adecuadas para el desempeño de quienes con su esfuerzo y trabajo honesto generan la riqueza que contribuye al sostenimiento y desarrollo del país.
De ahí que reunir a un centenar de jefes, directores, agentes policiales de diferentes grupos operativos para plantear y hablar de lo obvio se parece más a una simple representación teatral, de dudosa utilidad.
Máxime cuando el sector de la producción y el transporte de productos agrícolas sufrió pérdidas superiores a los 50 millones de dólares en diferentes hechos delictivos durante el 2023, según datos estadísticos de que dispone la Cámara de Transportadores del Paraguay.
Esto aconteció en plena vigencia del “plan cosecha segura” del año pasado, un plan que se viene poniendo en práctica desde hace dos décadas y que, al tenor de estos datos, parece no tener la eficacia esperada.
No obstante, y esta es una aseveración de la misma Cámara de Transportadores, no se puede cargar toda la responsabilidad de estos hechos a la policía nacional. Una gran contribución a este tortuoso esquema de inseguridad viene desde el mismo sistema legal, tanto fiscales como jueces, quienes por desidia, o manifiesta complicidad son incapaces de dar las respuestas en tiempo y forma ante el accionar de estas “mafias”.
De esta perniciosa “cadena” delictiva participan también desde choferes de camiones que se prestan al robo, propietarios y encargados de silos de graneleros que a sabiendas del origen dudoso o directamente ilegal de la carga entran al “negocio” fraudulento, y con su complicidad sostienen un esquema de robos organizados que opera con características de mafia. Esto es, organizaciones delictivas que operan en diferentes niveles de acción, desde asaltos a mano armada, “ordeñes” de productos o insumos, hasta la falsificación de documentos de remisión y “blanqueo” de operaciones.
Sin dudas, la temática es compleja, y su abordaje exige una condición que, lamentablemente, escasea en ciertos grupos económicos y entre nuestros agentes en las instituciones del Estado: honestidad y compromiso.