Reclamo legítimo

El reclamo de los vecinos del barrio Boquerón de Ciudad del Este respecto al traslado total de la penitenciaría es un tema de suma importancia y complejidad que requiere una atención inmediata por parte de las autoridades competentes. La preocupación de los residentes se fundamenta en diversos aspectos que afectan significativamente la calidad de vida y la seguridad de la comunidad.

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En primer lugar, la ubicación actual de la penitenciaría en medio del barrio representa un peligro latente para los residentes. La proximidad del penal a viviendas residenciales, colegios, universidades y comercios aumenta el riesgo de incidentes y conflictos que podrían poner en peligro la integridad de los habitantes del área.

El hecho de que el penal está sobrepoblado y que el interior sea controlado por facciones criminales agravan aún más la situación. La presencia de grupos delictivos dentro del sistema penitenciario no solo incrementa el riesgo de violencia y conflictos internos, sino que también puede influir en la seguridad de toda la zona circundante.

Las constantes fugas de reos del penal son otro aspecto preocupante que evidencia la falta de seguridad y control en el establecimiento. Estas fugas representan una amenaza directa para la comunidad, ya que los fugitivos podrían perpetrar delitos en el área circundante, poniendo en riesgo la seguridad de los residentes.

Además, la emisión de desechos cloacales y aguas servidas por parte del penal, que recorren las calles del barrio, constituyen un problema de salud pública que afecta el bienestar y la calidad de vida de los vecinos. La contaminación ambiental generada por estos desechos puede tener consecuencias graves para la salud de la población local, aumentando el riesgo de enfermedades y afectando negativamente el entorno urbano.

Ante esta situación, es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para abordar las preocupaciones de los vecinos y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. El traslado de la penitenciaría a una ubicación más adecuada, como el nuevo penal de Minga Guazú, podría ser una solución viable para mitigar los riesgos y mejorar la calidad de vida de los residentes del barrio Boquerón.

No obstante, el nuevo penal de Minga Guazú solo albergará a reos condenados con 50% de cumplimiento de sus penas, que no representa ni el 30% de la población de la penitenciaría de Ciudad del Este que asciende a unos 1.600 internos. Es decir, la mayor parte de la población penitenciaria seguirá en el barrio Boquerón.

El reclamo de los vecinos del barrio Boquerón de Ciudad del Este sobre el traslado total de la penitenciaría es válido y urgente. Es fundamental que las autoridades actúen de manera decisiva para abordar estas preocupaciones y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

fredy.flores@abc.com.py

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