Un delito que debería ser controlable se ha convertido en un negocio impune que golpea la producción ganadera y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Durante más de tres décadas se ensayaron planes, brigadas especializadas, reuniones de alto nivel y auditorías judiciales para erradicar este flagelo. Nada funcionó. Las brigadas creadas desde 2011 resultaron insuficientes frente a cuatreros que actúan a cualquier hora y en casi todos los distritos. Los pocos casos procesados suelen terminar en medidas alternativas, arrestos domiciliarios o expedientes que duermen en fiscalías y juzgados. La sensación de impunidad es persistente.
Ganaderos y sociedad civil denuncian desde hace años las mismas irregularidades: liberaciones llamativas, causas archivadas y una justicia más indulgente con los delincuentes que con las víctimas. Muchos autores de abigeato vuelven rápidamente a las calles sin sanción efectiva.
Ante las quejas ciudadanas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2024 una auditoría en los Juzgados Penales de Garantías de Paraguarí, Carapeguá, Quiindy y Ybycuí. El proceso concluyó sin resultados públicos. Mientras tanto, 2025 cierra con más de 200 robos de ganado, muchos no esclarecidos, con un grave impacto en la economía ganadera. El mensaje es claro: se investiga pero no se castiga.
El descrédito institucional se profundiza cuando quienes dicen preocuparse por el problema quedan envueltos en situaciones sospechosas, como la compra de un matadero municipal en Paraguarí por parte de una sobrina del senador Ramón Retamozo, poco después de que este propusiera el control de mataderos como solución al abigeato.
En este contexto, resulta comprensible que los productores ya no crean en discursos ni en reformas legales que endurecen penas pero no se aplican.
El abigeato en Paraguarí no es solo un delito rural: es el síntoma de un Estado ausente, una justicia permisiva y una política más enfocada en la foto que en los resultados. Mientras no haya condenas efectivas, controles reales y transparencia institucional, el ganado seguirá desapareciendo y la impunidad continuará pastando libremente en el noveno departamento.
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