Sus historias son diferentes. Sus circunstancias también. Pero todas comparten una misma expectativa: atravesar el embarazo de manera segura y recibir la atención necesaria para que tanto ellas como sus hijos lleguen sanos al momento del nacimiento.
Esa aspiración tan sencilla encierra un derecho fundamental. La Constitución Nacional protege la maternidad y paternidad responsables y reconoce el derecho a la planificación familiar y a la salud materno infantil. En otras palabras, toda mujer debería poder vivir el embarazo, el parto y el puerperio con la tranquilidad de contar con información, cuidados y servicios de salud oportunos y de calidad.
Paraguay ha realizado importantes esfuerzos para ampliar la cobertura y mejorar la atención materna. Sin embargo, persisten desafíos que recuerdan que este tema debe seguir ocupando un lugar prioritario en la agenda pública. En 2025, la razón de mortalidad materna fue de 64,6 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, la más alta del Cono Sur. Detrás de ese indicador trazador de desarrollo, que reconoce en la población indígena y adolescente brechas mayores al promedio, hay madres, familias y comunidades enteras que enfrentan pérdidas que, en muchos casos, podrían evitarse.
La maternidad segura comienza mucho antes del parto. Empieza cuando las personas pueden decidir libre e informadamente si desean tener hijos y cuándo hacerlo. Continúa con controles prenatales oportunos, una alimentación adecuada, el acompañamiento de la pareja y la familia, y el reconocimiento temprano de señales de alerta que requieren atención médica adecuada. Todas ellas acciones determinantes para proteger la vida y la salud.
Al mismo tiempo, la maternidad segura no puede recaer únicamente sobre las mujeres. Requiere la participación activa de las parejas, las familias, las comunidades y las instituciones. También exige que los servicios de salud estén preparados para responder a las distintas realidades del país, especialmente allí donde las barreras geográficas, económicas, culturales o lingüísticas dificultan el acceso a la atención.
Garantizar una maternidad segura también implica construir condiciones favorables para la crianza y el bienestar de las familias. Un empleo digno, una vivienda adecuada, licencias parentales suficientes, sistemas de cuidado accesibles y programas de protección para familias en situación de pobreza o vulnerabilidad contribuyen a que un embarazo no venga acompañado de temor e incertidumbre y que la llegada de un hijo no represente una carga imposible de afrontar.
La manera en que una sociedad acompaña a las mujeres durante el embarazo y el parto dice mucho sobre sus prioridades y sus aspiraciones. Porque cuando una madre recibe atención oportuna y respetuosa, cuando una familia puede acompañarla y cuando una comunidad se organiza para protegerla, no solo se reducen riesgos: se fortalecen las bases mismas del desarrollo.
Que dar vida no cueste la vida debería ser una convicción compartida que nos aglutine a todos. Y cada paso que demos para acercarnos a ese objetivo será también un paso hacia una sociedad más humana, inclusiva y con mayores oportunidades para las próximas generaciones.
*Representante Nacional del UNFPA en Paraguay