Prisión para jefes aduanero, de Inteligencia policial y estibador por supuesta extorsión

El juez de garantías José Agustín Delmás decretó la prisión del jefe de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), del jefe de Inteligencia de Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía y un estibador, tras procesarlos por extorsión y cohecho pasivo agravado (coima). Los tres son sospechosos de exigir sumas de dinero, por semana, a comerciantes de los mercados a cambio de encubrir productos de contrabando

Óscar Erwin Villamayor Báez, detenido en sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Óscar Erwin Villamayor Báez, detenido en sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).gentileza

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El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, admitió la imputación por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión contra Óscar Erwin Villamayor Báez, Rodolfo Martínez Molinas y Alcides Ramón Ayala, formulada por los fiscales Rodrigo Estigarribia y Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

En audiencia de imposición de medidas realizada hoy, de forma presencial, el magistrado resolvió aplicar la medida cautelar de prisión preventiva para los tres incoados, de esta forma el jefe de Inteligencia Rodolfo Martínez irá a la Agrupación Especializada; Óscar Villamayor estará preso por 10 días seguidos en la comisaría 1ª Asunción; y Alcides Ayala guardará reclusión por 10 días en la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía.

Están investigados Óscar Erwin Villamayor Báez quien se desempeñaba como jefe de operaciones de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), así como el comisario Rodolfo Martínez Molinas, jefe de Inteligencia del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, y el estibador Alcides Ramón Ayala.

Los tres fueron detenidos este jueves tras operativos encubiertos que realizaron después de recibir la denuncia de una víctima. Los investigadores lograron identificar a los hoy detenidos mediante filmaciones y grabaciones de audios, autorizadas judicialmente.

Indagatoria e imputación

Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Néstor Coronel tomaron audiencia indagatoria a los tres detenidos. De ellos, Óscar Erwin Villamayor Báez y Rodolfo Martínez Molinas, se abstuvieron a brindar declaraciones sobre los hechos que se les atribuyeron a través de la denuncia presentada por un comerciante de la zona de San Lorenzo, donde habrían realizado uno de sus golpes.

Por su parte, el estibador Alcides Ramón Ayala, sí declaró ante los agentes del Ministerio Público, pero en todo momento intentó encubrir a Óscar Villamayor y Rodolfo Martínez, según informó el fiscal Néstor Coronel.

Estigarribia, en el marco de las pesquisas, también se constituyó en la Comandancia de la Policía Nacional, donde recabó mayores datos acerca de las actividades del comisario Rodolfo Martínez. En este sentido, no se descarta que hayan más personas involucradas en este esquema de “apriete” a comerciantes y que incluso, sean de cargos más altos.

Exigían sumas de hasta G. 300.000 para no allanar

De acuerdo con información proporcionada por los investigadores, a mediados del mes de setiembre de 2022 el Ministerio Público recibió una denuncia en la que se daba conocimiento sobre la existencia de un grupo o equipo de funcionarios de la COIA y la Policía contra Delitos Económicos y Financieros que coaccionaban y extorsionaban a los comerciantes.

La modalidad en que operaban los integrantes de este equipo consistía en constituirse en un local de cualquiera de los mercados del país, pues tienen jurisdicción a nivel de la República, donde señalaban que los productos que tenían para la venta eran de contrabando.

El comerciante, así, era tomado por sorpresa y en ese mismo “operativo” los intervinientes de su negocio le exigían el pago de una suma de dinero determinada o la que tenían en ese momento a cambio de no incautar los productos comercializados.

En el caso de la denuncia recibida, ocurrió en el mercado de San Lorenzo, donde un comerciante se vio forzado a entregar la suma de G. 20 millones en efectivo.

No contento con todo eso, el equipo interventor exigía pagos semanales de dinero que oscilaba entre los G. 200.000 y G. 300.000 en efectivo, para evitar la realización de nuevos allanamientos a ese establecimiento.

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