Agentes especiales respaldados por EE.UU. aprueban examen de Contraloría

Se trata del matrimonio conformado por el agente especial subinspector Carlos Francisco Chamorro Portillo, de 32 años, y la agente especial subinspector Natalia Berenice Bareiro Reyes, de 31 años, de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Senad, cuyo director es el agente especial inspector Daniel Antonio Fernández Ávalos, de 34 años.

La SIU es una oficina de élite de la Senad que opera casi exclusivamente bajo el manejo de agentes especiales de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.

Esta unidad paraguaya inició en el año 2019, en aquel entonces bajo la denominación de operación Araí, una de las investigaciones más complejas de los últimos tiempos y que posteriormente se llamó A Ultranza Py.

Los agentes especiales de la SIU fueron los que identificaron al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet, y al paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, como los líderes de un esquema que estaba ganando millones de dólares con el tráfico de cocaína desde Paraguay.

Esta estructura traficaba con protección casi en todos los niveles, tanto policial, militar, judicial y político.

Tras el operativo fueron expuestos

Coincidente y llamativamente, luego de la ejecución de la fase operativa del caso A Ultranza Py, en enero de 2022, dos de sus investigadores principales, Chamorro y Bareiro, fueron acusados de corrupción y de enriquecimiento ilícito y sus datos expuestos por un medio de comunicación.

Ambos se desempeñaban como analistas de inteligencia y fueron los que identificaron las operaciones ilegales, principalmente de lavado de dinero, que practicaban varios políticos que ahora se encuentran procesados, como el entonces diputado Juan Carlos Ozorio Godoy (preso) y el ahora senador Erico Galeano Segovia (aún en libertad).

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Las publicaciones periodísticas fueron alimentadas aparentemente por otros agentes especiales de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIT) que no participaron la operación A Ultranza Py.

Esta puja interna en la Senad, entre la DIT y la SIU, llevó a la ministra Zully Graciela Rolón Esquivel a apartar de la SIU al matrimonio señalado y a abrir una investigación preliminar, en noviembre de 2022.

Posteriormente, se dio participación a la Contraloría, que el 14 de junio pasado notificó a la Senad, con relación al agente especial Chamorro, que “según los valores monetarios expuestos desde la primera Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de fecha 17 de diciembre de 2015 y la tercera de fecha 25 de setiembre de 2022, existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos”.

Prácticamente lo mismo informaron sobre su esposa, la agente especial Bareiro.

Contralor avala acción en operativo A Ultranza

Los documentos llevan la firma del propio contralor General de la República, Camilo Daniel Benítez Aldana, así como de los funcionarios encargados del proceso, Andrea Vera, jefa del departamento de Profundización de DJBR; Jessica Bogado, directora de Dictámenes de Correspondencia, y Armindo Torres, director general de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Según los datos, la misma Embajada de Estados Unidos en Paraguay respaldó y justificó las operaciones financieras que hicieron los agentes especiales investigados, ya que habrían sido ejecutadas justamente en el marco de los trabajos de inteligencia que desarrollaron para tumbar la estructura criminal del caso A Ultranza Py.