“Paraíso Verde”: arresto domiciliario a su expresidente Juan Buker

Un juzgado penal de Garantías resolvió que el empresario Juan Buker cumpla arresto domiciliario en una causa que afronta por supuesta estafa. El argentino llegó a ser presidente de la firma Reljuv SA, más conocida como el “Paraíso Verde”, en Caazapá.

Juan Joaquín Buker fue presidente de la firma Reljuv SA, más conocida como Paraíso Verde.
Juan Joaquín Buker fue presidente de la firma Reljuv SA, más conocida como Paraíso Verde.abc color

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En septiembre de este año, la fiscala Gladys Jiménez había imputado a Juan Joaquín Buker, quien en ese entonces era presidente de Reljuv SA, por la presunta comisión de estafa luego de una serie de denuncias que llegaron al Ministerio Público sobre el Paraíso Verdeubicado en Caazapá.

Ahora se dio a conocer la información que un juzgado penal de Garantías de Villarrica dictó el arresto domiciliario para el empresario argentino por esta causa y deberá cumplirlo en la localidad de Maciel, departamento de Caazapá.

Además de estar al frente del “Paraíso Verde”, a Buker también se lo veía como un hombre cercano al cartismo y sus referentes en la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Inclusive, en el 2020 había sido declarado como una “persona no grata” en el distrito de Caazapá; sin embargo, dos años después -con otra gestión en la Junta Municipal- fue declarado como “benefactor del distrito de Caazapá”

El “Paraíso Verde” antivacunas

En referencia al “Paraíso Verde” de Caazapá, este comenzó a desarrollarse en plena pandemia de covid-19 y el lugar se había declarado como una “comunidad antivacuna”, atrayendo a una gran cantidad de extranjeros que no querían inmunizarse contra el coronavirus.

Medios internacionales se hicieron eco de este “paraíso” y entrevistaron a su entonces titular, Juan Joaquín Bunker, como así también a algunos de los inversionistas que apostaban por vivir en el lugar, principalmente alemanes.

Años después se dio a conocer que el proyecto inmobiliario sería un esquema de estafa a gran escala, según habían denunciado las propias familias extranjeras que residían -o residen- en el lugar, luego de haber abandonado sus respectivos países.

Según informaciones, al menos ocho de ellas aseguran que fueron estafadas por cifras que superan los G. 16.700 millones y el abogado de la empresa afirma que estas acusaciones no tienen sustento.

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