Para intentar obtener una medida sustitutiva a la prisión, Gianina García, a través de los abogados Daniel Garcete y Hugo Núñez, presentaron “nuevos hechos” ante el juzgado de garantías. Aluden a dos escrituras públicas de transferencias de propiedades que pasaron a convertirse en evidencias en el caso A Ultranza.
Una firma de Gianina figura en un contrato público, firmado el 11 de diciembre de 2020, ante la escribana Lourdes Mariño Galván, de compra-venta de inmueble ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz de Paraguarí. Alegó que en ese tiempo “ni siquiera se encontraba por el país”.
La otra documental a la que hizo referencia es un contrato de compra-venta de acciones de la firma Summum Sociedad Anónima (SA), del procesado Alberto Koube, el 30 de junio de 2020. El acto jurídico se llevó a cabo ante la misma notaria pública. La denunciante negó haber firmado ese documento.
Lo que argumentaron los abogados
En esencia, durante la audiencia, la defensa cuestionó la línea de tiempo al señalar que el día que se firmó la escritura pública, el 11 de diciembre de 2020, Gianina no pudo haber estado en la escribanía porque se encontraba en Foz de Yguazú, Brasil, y se adjuntó una ficha médica que obtuvieron de un hospital de Brazil.
El fiscal Pak contestó que no se puede valorar esa ficha médica porque no existe certeza acerca de su autenticidad, porque es una simple impresión a color y además no fue obtenida por cooperación jurídica, mediante autoridad judicial competente.
Añadió que el mismo documento que la defensa presentó para la audiencia dice que la consulta fue el 11 de diciembre de 2020, a las 12:30. Entonces, la línea de tiempo que reclaman se establece con el mismo documento de dudosa procedencia que la defensa presentó, porque Gianina pudo haber firmado mucho antes de las 12:30 o después de las 12:30, porque simplemente se fue a consultar en el hospital de Foz y no a internarse allí.
A esto se le suma, según Pak, que Foz de Iguazú está cruzando la frontera del país y precisamente Gianina tenía a su disposición flotas de aeronaves mediante su pareja Sebastián Marset, por ser uno de los líderes de la organización criminal, lo que claramente le facilita trasladarse sin dificultad de tiempo.
El otro cuestionamiento
La defensa también cuestionó el acta de directorio de la empresa Summun firmada por Alberto Koube y Gianina García, afirmando que es de fecha 2 de octubre de 2020, alegando que en esa fecha ella estuvo en San Pablo.
Pero según fiscalía, los registros que obran en la investigación dan cuenta que ella estuvo el 1 de octubre de 2020 en San Pablo y no el 2 de octubre de 2020, con lo que claramente existe una diferencia temporal de un día, por lo que también se descarta dicho cuestionamiento.
Finalmente, la defensa presentó en audiencia una “pericia privada” de un perito calígrafo de Ciudad del Este contratado por la defensa, que supuestamente concluyó que las firmas estampadas en los documentos cuestionados no son de Gianina García.
Al respecto la fiscalía respondió que esta pericia tampoco puede ser valorada porque fue realizada de manera unilateral por la Defensa, sin control judicial, es decir, sin la posibilidad de que la Fiscalía pueda proponer perito y punto de pericia, o bajo control de la jueza del caso, lo que viola los artículos 214 y siguientes del Código Procesal Penal.
Mientras la defensa señala que estos hechos nuevos ameritan una medida menos gravosa para la procesada, para la fiscalía antidrogas no se pueden tomar en cuenta los documentos que fueron presentados en audiencia y que fueron obtenidos, según señaló Deny Pak, violando el principio de formalidad, dado que no se puede acreditar su autenticidad y en el caso de la pericia la veracidad de su conclusión por haber sido hecha sin control judicial.
El representante del Ministerio Público afirma que no existen nuevos elementos de juicios que desvirtúan la participación de Gianina y por tanto los presupuestos de la prisión preventiva que soporta, sino al contrario, estos comportamientos que salen de todo margen legal acrecientan su peligro de fuga y obstrucción.
Jueza ratifica prisión
La jueza Rosarito Montanía, tras escuchar las manifestaciones de las partes, ratificó la prisión preventiva de Gianina García.
Gianina García está presa en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, por disposición de la referida magistrada que tiene a su cargo el caso A Ultranza Py.
Su pareja, el uruguayo Sebastián Marset, está preso en Estados Unidos. Ambos están procesados por lavado de activos.