15 de septiembre de 2026

Dos policías serán juzgados por la eliminación de notificaciones rojas en el sistema informático de Interpol a Gianina García, pareja del presunto narco uruguayo Sebastián Marset, y un colaborador del mismo. Así resolvió el juzgado a cargo de la causa penal.

La uruguaya acusada en A Ultranza, Gianina García Troche, seguirá con prisión preventiva a la espera de su audiencia preliminar fijada para agosto próximo, así lo resolvió la jueza Rosarito Montanía. Ella está procesada por supuestamente colaborar para lavar dinero del esquema A Ultranza Py, obtenidos como ganancias del narcotráfico por su pareja Sebastián Marset.

La jueza Rosarito Montanía reagendó para el 10 de agosto la audiencia preliminar a la uruguaya Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset y procesada por A Ultranza. Según la Fiscalía había colaborado plenamente para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

La uruguaya Gianina García Troche gozó de tener a su disposición varias de las aeronaves que la organización narcotraficante, supuestamente coliderada por su pareja Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, poseían. La mujer fue acusada por presunto lavado de activos en atención a que habría disfrutado de los beneficios ilícitos, principalmente, financieros obtenidos por Marset.

El juez Humberto Otazú se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de dos policías de Interpol, por lo que ahora la fiscala adjunta Matilde Moreno debe ratificar o rectificar lo solicitado inicialmente. Por otra parte, otros dos policías del mismo departamento están acusados y con pedido de juicio por supuestamente ocultar las notificaciones rojas de Gianina García y José Estigarribia.

La uruguaya Gianina García Troche fue convocada para el próximo 9 de junio para afrontar su audiencia preliminar, esto ante la jueza Rosarito Montanía. La misma fue acusada por el fiscal Deny Yoon Pak, en el caso A Ultranza, por presuntamente a sabiendas de la actividad de su pareja Sebastián Marset, crear cuentas bancarias y empresas en Paraguay, para insertar las ganancias ilícitas al sistema financiero legal.