La operación Ñande Mba’e se ejecutó el 18 de diciembre de 2024, principalmente en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
La investigación fue desarrollada por policías del Departamento Antisecuestro (Das) y el fiscal José Alberto Godoy Blanco, justamente de Santa de Rosa del Aguaray.
Los investigadores capturaron cuando eso a José Francisco Ljubetic Arréllaga, de 73 años, dueño de un estudio jurídico de Santa Rosa del Aguaray, e Ilsa Marisela Paredes, de 39 años, abogada que trabajaba en ese estudio jurídico norteño.
También cayó ese día el abogado Willian Roberto Bogarín Campuzano, de 47 años, quien era el director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados. Este hombre fue atrapado cuando salía de su casa de Lambaré.
Las edades de los tres citados corresponden a la época de sus detenciones.
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Supuestamente, Ljubetic, Paredes y Bogarín llegaron a recibir desde el año 2017 un total de 1.600.000 dólares americanos de parte de los hermanos David Friesen Neufeld, Hermon Friesen Neufeld y Bernardo Friesen Neufeld, pobladores de la colonia menonita Río Verde de Santa Rosa del Aguaray.
Están para audiencia preliminar
Los denunciantes dijeron que les prometieron conseguirles documentos que los acreditarían como dueños de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, situados en la colonia Ñande Mba’e del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Sin embargo, como nunca salieron los documentos, los menonitas hicieron la denuncia y presentaron las supuestas evidencias.
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La Fiscalía imputó y luego acusó a los tres por el hecho punible de estafa. Todos fueron encarcelados por unos meses, hasta que después salieron con medidas alternativas a la prisión. Deben afrontar audiencia preliminar en la que seguramente se va a elevar la causa a juicio oral.
Proceso en paralelo para el funcionario
Sin embargo, en paralelo, a Bogarín lo imputaron también por cobro indebido de honorarios, ya que supuestamente no podía haber recibido plata de los menonitas siendo funcionario estatal.
Ese proceso estuvo inicialmente a cargo del mismo fiscal, José Godoy, quien fue el que imputó, pero luego de la recusación de este la causa fue asignada a su colega Juan Daniel Benítez Miranda, quien aparentemente olvidó presentar la acusación en el plazo establecido.
Ante este grave error de la Fiscalía, la defensa del funcionario Bogarín aprovechó la situación y pidió la extinción de la acción penal, lo que efectivamente fue declarado por el juez David Enrique Mendoza Figueredo, de San Pedro de Ycuamandyyú.
El magistrado, a la vez, ordenó el sobreseimiento definitivo de Bogarín en esta causa por cobro indebido de honorarios, aunque le queda pendiente el caso por estafa.