Las detenciones de los supuestos implicados en un caso de estafa a ciudadanos menonitas se realizaron en el marco de la operación Ñande Mba’e del departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, específicamente de la oficina regional que funciona en el departamento de San Pedro.
El fiscal asignado al caso es José Alberto Godoy Blanco, de Santa Rosa del Aguaray, quien fue el que ordenó la detención de los tres principales identificados en esta primera fase de la investigación.
Uno de ellos resultó ser el abogado Willian Roberto Bogarín Campuzano, de 47 años, quien es el actual director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, aunque también llegó a ser nada menos que director general de Asesoría Jurídica de la misma institución.
Bogarín fue arrestado en cuando salía de su casa de Lambaré como para dirigirse al edificio del Congreso Nacional.
Los otros dos capturados fueron identificados como José Francisco Ljubetic Arréllaga, de 73 años de edad, e Ilsa Marisela Paredes, de 39 años.
El primero es un falso abogado que dirigía un estudio jurídico en Santa Rosa del Aguaray y la otra es una abogada que trabajaba en esa oficina.
Los dos fueron apresados justamente en Santa Rosa del Aguaray, en allanamientos a sus respectivos domicilios.
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La denuncia de supuesta estafa a los hermanos menonitas
Los denunciantes de este caso, es decir, las supuestas víctimas, son los hermanos David Friesen Neufeld, de 45 años; Hermon Friesen Neufeld, de 41 años, y Bernardo Friesen Neufeld, de 32 años, todos pobladores de la colonia menonita Río Verde de Santa Rosa del Aguaray.
Supuestamente, Bogarín, Ljubetic y Paredes llegaron a recibir un total de 1.600.000 dólares de parte de los menonitas, desde el año 2017.
Los pagos se hacían a cambio de que los menonitas fueran acreditados como dueños de dos lotes de 4.000 hectáreas cada una, situados en la colonia Ñande Mba’e del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Aparentemente, la rosca le hizo creer a los menonitas que ya eran dueños de las propiedades, pero nunca hubo documentos oficiales.
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Se cree que estarían involucrados también funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quienes habrían vendido coordenadas de las supuestas tierras, según dijo ayer el fiscal José Godoy, así como jueces y fiscales que probablemente se prestaron para la emisión de algunos documentos judiciales con los cuales les hacían creer a los menonitas que la gestión de titulación de las propiedades estaban en trámite, siempre según los investigadores.