En el marco de la controversia generada por el procedimiento denominado “Operación Redención”, desarrollado en el departamento de Canindeyú, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) divulgó un vídeo comparativo para fundamentar su versión oficial. Según la institución antidrogas, las dos personas que resultaron abatidas durante la intervención eran miembros activos de la estructura criminal encabezada por el prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”.
Las víctimas fueron identificadas como Catalino Correa, un docente de la zona, y Antonio Carrillo, un líder de la comunidad indígena Ava Guaraní Tekoha Y’apo. Tras el procedimiento, gremios de educadores, pobladores y familiares desmintieron la existencia de un enfrentamiento armado y denunciaron que la incursión de los agentes se realizó de forma irregular e intimidatoria, por lo que exigen el esclarecimiento de los hechos.
La comparación audiovisual de la Senad
El material en formato de vídeo difundido por la Senad contrapone registros de la escena del procedimiento con grabaciones previas atribuidas a labores de inteligencia sobre el grupo criminal.
En la primera parte, la Senad muestra fotografías tomadas en el lugar del hecho donde se señalan elementos hallados dentro del vehículo en el que se desplazaban los abatidos como una radio portátil de comunicación tipo walkie-talkie oculta cerca de la alfombra del rodado, además de un fusil de grueso calibre.
Seguidamente, la institución contrasta dichas fotografías con un vídeo que, según afirman, fue grabado por integrantes del grupo de alias “Macho” en una labor de vigilancia previa en la misma zona de Canindeyú.
En esa grabación de inteligencia se observa a un hombre con el rostro cubierto sosteniendo un fusil y, apoyada sobre la caja de mecanismos del arma, una radio walkie-talkie de iguales características a la incautada en el operativo. Con esta comparación, los intervinientes pretenden demostrar que las armas y logísticas incautadas pertenecían a la red delictiva.
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Denuncias de ejecución y montaje de la evidencia
A pesar de los audiovisuales presentados por los intervinientes, los familiares y miembros de la comunidad indígena Tekoha Y’apo rechazan el informe de la Senad. Allegados al docente y al líder indígena sostienen que ambos acudieron al lugar engañados para una reunión y que no portaban ningún tipo de armamento.
Asimismo, los denunciantes acusaron a las fuerzas públicas de haber ejecutado a las víctimas y colocarles las armas en la escena para simular un supuesto intercambio de disparos. También mencionaron signos de violencia extrema en los cuerpos y denunciaron la falta de orden judicial para incursionar en su territorio ancestral.
Ante las versiones contrapuestas y el reclamo de organismos de derechos humanos, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la conformación de un equipo especial de fiscales para investigar de manera integral las circunstancias en que se produjeron ambas muertes y determinar las responsabilidades legales del operativo.