El senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) se hizo eco del comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya que había solicitado ayer que se dilucide la muerte del líder indígena Antonio Carrillo y del docente Catalino Correa, fallecidos en el marco de la Operación Redención a cargo de agentes de la Senad en Corpus Christi, Canindeyú, durante un operativo contra la estructura criminal del presunto narcotraficante Felipe Acosta, alias “Macho”.
Filizzola remarcó las dudas en torno a este operativo, donde las autoridades atribuyen a Carrillo y Correa un supuesto vínculo operativo con Macho, mientras que los pobladores los describen como personas de bien sin ningún vínculo criminal; por el contrario, que venían denunciando atropellos contra su comunidad.
“En cualquier caso en que la Fuerza Pública llega a una situación extrema como es abatir a una persona, se tiene que investigar. Y yo espero que esta vez se investigue, porque no se investigó debidamente, por ejemplo, el ataque al Partido Liberal y el asesinato de Rodrigo Quintana y hasta ahora no sabemos qué pasó con el diputado (Eulalio) ”Lalo" Gómez", enfatizó Filizzola.
El mismo hizo referencia al asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, durante el gobierno de Horacio Cartes, donde la policía irrumpió a tiros en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el marco de la represión a las protestas contra el intento mau de reelección de HC.
Por otra parte, el asesinato en su domicilio en Pedro Juan Caballero del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes durante un operativo policial en el marco de una investigación por su supuesta vinculación con el lavado de dinero ligado al narcotráfico.
Filizzola enfatizó que ambos casos nunca llegaron a esclarecerse del todo, en el caso de Rodrigo Quintana sobre quién dio la orden de atropellar el PLRA y en el de Lalo, sobre las circunstancias, ya que no hay filmaciones del operativo.
Los cuestionamientos de Filizzola con el operativo en Canindeyú van desde el origen, ya que es una zona supuestamente de control del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), pero el operativo fatal fue realizado por la Senad.
En ese contexto, el asesinato de Carrillo y Correa se realizó vinculado a un operativo denominado “Redención”, donde escuetamente se reportaron unos 16 allanamientos y se desplegaron entre 300 y 400 efectivos, pero con nulos resultados.
Filizzola exigió aclaración sobre procedimientos
Filizzola también dijo que las autoridades no reportaron el destino de Bruno López Ortiz, quien fue detenido en el operativo de Senad, y las autoridades hasta ahora no son capaces de aclarar si Carrillo y Correa tenían siquiera antecedentes.
Sin embargo, otro elemento que enfatizó Filizzola, sumándose al Comunicado de la Conferencia Episcopal es que el líder indígena apenas tres días antes había acudido a las autoridades para denunciar presuntas amenazas contra su comunidad.
“Fíjense, y esto menciona también monseñor Alberto Martínez. El 11 de agosto (3 días antes), Antonio Carrillo, el líder indígena, hace una denuncia ante el Ministerio del Interior, donde dice que de forma sistemática personas extrañas han pretendido expulsarles de su territorio. Y dicen también: ‘nos hemos puesto a disposición del Ministerio Público a los efectos de realizar las investigaciones pertinentes a través de las instituciones pertinentes’. Tres días antes, tres días después estaban muertos”, sostuvo.
Como agravante, el legislador remarcó que Carrillo termina “abatido por las fuerzas públicas, a las que él había pedido auxilio para su comunidad”.