El proyecto de ley en cuestión establece la figura de “gestores de interés” o “lobistas”, actividad para la cual hay que estar registrado en una base de datos. El proyecto presentado por el presidente de la Cámara Baja, Carlos María López (PLRA) y sus colegas Julio Mineur (PLRA), Marcelo Salinas (PLRA) y Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista) establece además algunas restricciones.
Entre las principales, que por ejemplo parientes directos (cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad) de autoridades públicas no estarán habilitadas para esta actividad, que además estará regida por la ley de acceso a la información pública.
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Al respecto, se establecen algunas excepciones o información “clasificada”, siendo definida esta como aquellas “reuniones, audiencias y viajes cuando su publicidad comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional”.
Finalmente, también se establecen las eventuales sanciones, que consisten principalmente en multas en el caso de que un lobista se niegue a proveer información establecida en la ley.